Hace diez días del primer accidente en la historia de la Alta Velocidad española; y el accidente ferroviario más grave en el país desde aquel de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013 que dejó 80 muertos. El domingo 18 de enero, un Iryo Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contigua, impactando sus últimos vagones de frente contra un Alvia que viajaba en sentido contrario.
Fue solo el primer incidente de una semana especialmente difícil para la red ferroviaria española: más adelante, un muro de contención cayó sobre una vía, provocando que el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) que acabó con la vida de un maquinista en prácticas; también hubo un choque de un tren FEVE contra una grúa en Cartagena y otros percances menores en Asturias y Tenerife.
Este martes, se aprobaba un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas que ha sido publicado este miércoles en el BOE. El Gobierno ha creado, además, oficinas de atención integral para facilitar la solicitud y tramitación de ayudas en las subdelegaciones del Gobierno en Huelva y Barcelona, provincias que concentran el mayor número de personas afectadas por los accidentes.
Oficinas de atención integral en Huelva y Barcelona
El objetivo de estas oficinas es canalizar, informar y facilitar la tramitación de las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno, así como ofrecer apoyo administrativo y acompañamiento a las familias afectadas, según ha comunicado el Ministerio de Política Territorial.
La oficina de Huelva ha comenzado a funcionar este miércoles en la Subdelegación del Gobierno, en la calle Berdigón, números 11 y 13. En Barcelona, el punto de atención se ha activado en la calle Bergara, número 12, planta baja. Además, el Ministerio de Política Territorial habilitará puntos de atención en las subdelegaciones del Gobierno de otras provincias donde residan personas afectadas.
Para las personas que no puedan desplazarse a las oficinas físicas, se pondrá en marcha el servicio La Administración Cerca de Ti, que permitirá que el personal de las subdelegaciones del Gobierno preste atención en el propio domicilio del afectado.
El Real Decreto-ley contempla un paquete económico de 20 millones de euros destinado a agilizar el cobro de las ayudas y evitar las demoras propias de los procedimientos ordinarios de los seguros. Por cada una de las 46 víctimas mortales, el Gobierno abonará de forma inmediata una indemnización a fondo perdido de 72.121,46 euros, exenta de tributación, así como la misma cantidad en concepto de anticipo de seguro. Para los casos de lesiones corporales, las ayudas se distribuyen en función de la gravedad, con importes que van desde un máximo de 84.141,7 euros a un mínimo de 2.404,04 euros.
El decreto también recoge que las personas trabajadoras que no pudieron acudir a su puesto de trabajo o iniciar su actividad laboral con puntualidad a consecuencia de los accidentes o de las alteraciones del servicio no podrán ser sancionadas ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral. Además, tendrán derecho a recibir justificantes acreditativos de las incidencias emitidos por las compañías ferroviarias. La entrada en vigor del Real Decreto-ley se produce este miércoles, tras su publicación en el BOE.
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