De las primeras regularizaciones de los 80 a las masivas de los 2000: así han gestionado la inmigración irregular en España los gobiernos del PP y el PSOE

El acuerdo sellado esta semana entre Podemos y el Gobierno para activar una nueva regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular ha devuelto al primer plano una herramienta que forma parte del ADN de la política migratoria española desde hace décadas. El pacto, anunciado tras el bloqueo parlamentario de la iniciativa legislativa popular impulsada por colectivos sociales, permitirá poner en marcha un procedimiento administrativo al margen de las Cortes que, según los cálculos del Ejecutivo y de la formación morada, basándose en entidades sociales, podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que ya residen y trabajan en España sin papeles.

La medida contempla que puedan acogerse tanto solicitantes de asilo con su petición registrada como personas extranjeras que acrediten una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2025. El objetivo declarado es aflorar una realidad laboral y social ampliamente conocida: cientos de miles de trabajadores sin derechos plenos, integrados de facto en sectores clave de la economía y expuestos a la economía sumergida.

Más allá de la controversia política inmediata, la iniciativa se inscribe en una larga serie de regularizaciones extraordinarias aprobadas por gobiernos de distinto signo desde los años ochenta. Ejecutivos liderados por el PSOE y por el PP han recurrido de manera recurrente a este tipo de procesos para intentar reducir las bolsas de inmigración irregular y ordenar el mercado de trabajo. Según las cifras oficiales, más de un millón de personas extranjeras han obtenido permisos de residencia y trabajo a través de estas fórmulas, que nunca han sido el único camino para acceder a la documentación, pero sí uno de los más determinantes.

El origen: una ley para poner orden

La primera regularización extraordinaria se remonta a 1985, en el primer gobierno socialista encabezado por Felipe González tras la aprobación de la Constitución. Ese año se promulgó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, la primera norma que abordó de manera sistemática la situación jurídica de las personas extranjeras en España. Hasta entonces, la regulación era escasa y se apoyaba en disposiciones muy anteriores, algunas del siglo XIX, que distinguían entre extranjeros “domiciliados” y “transeúntes”.

La ley abrió la puerta a un proceso de regularización para personas “insuficientemente documentadas”, siempre que no tuvieran antecedentes penales graves ni carecieran de medios lícitos de vida. En ese primer procedimiento se normalizó la situación administrativa de 38.294 personas. Aquel proceso evidenció que España había dejado de ser solo un país de emigrantes y comenzaba a enfrentarse a una inmigración estable y creciente.

En 1991, ya durante el tercer mandato socialista, el Gobierno volvió a recurrir a una regularización extraordinaria ante la persistencia de situaciones irregulares que, según reconoció el propio Ejecutivo ante el Congreso, estaban generando bolsas de marginación social. El procedimiento se apoyó en una proposición no de ley aprobada por una amplia mayoría parlamentaria, que instaba a completar el proceso iniciado en 1985. El acuerdo del Consejo de Ministros de junio de ese año permitió regularizar a personas que llevaban años residiendo y trabajando en España o que habían contado con permisos con anterioridad. Entre 1991 y 1992 se concedieron papeles a más de 114.000 migrantes.

Reformas y regularizaciones bajo el PP

A mediados de los noventa, la cuestión seguía sin resolverse. En 1996 se reformó el reglamento de ejecución de la ley de extranjería para introducir un mecanismo dirigido a quienes hubieran sido titulares de permisos de residencia o trabajo y a sus familiares, siempre que acreditaran su estancia en España antes del 1 de enero de ese año. Aunque la norma fue aprobada aún bajo el último gobierno socialista, entró en vigor ya con el Ejecutivo del José María Aznar tras las elecciones anticipadas. Este proceso permitió regularizar a 21.294 personas.

El cambio de siglo marcó un salto cuantitativo. En el año 2000 se aprobó una regularización extraordinaria dirigida a extranjeros que hubieran entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y que acreditaran haber solicitado o tenido permisos en los años anteriores. Se recibieron más de 244.000 solicitudes, de las que finalmente se aprobaron unas 163.000. El elevado número de expedientes rechazados llevó a una revisión de oficio en 2001, que permitió regularizar a 36.000 personas adicionales.

Ese mismo año se puso en marcha un proceso excepcional dirigido exclusivamente a ciudadanos ecuatorianos, tras el accidente de Lorca en el que murieron doce trabajadores agrícolas sin permisos cuando se dirigían al campo. Más de 20.000 personas se beneficiaron de esta medida, de fuerte carga simbólica y humanitaria. También en 2001 se activó la llamada regularización por arraigo, que permitió conceder documentación a más de 239.000 extranjeros que acreditaron su vinculación social, familiar o laboral con España. En conjunto, durante los gobiernos del PP se regularizó la situación de más de 524.000 personas.

La gran normalización de 2005

El mayor proceso extraordinario de la democracia llegó en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la siguiente etapa. La denominada “normalización” vinculó de forma directa la regularización al mercado laboral y exigió contratos de trabajo en vigor. Se presentaron cerca de 692.000 solicitudes, de las que se aprobaron más de 576.000, con una fuerte concentración en Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana y una mayoría de solicitantes procedentes de América Latina.

Desde entonces, España no había vuelto a aprobar una regularización extraordinaria de gran alcance, aunque sí ha reforzado vías ordinarias como el arraigo. El nuevo reglamento de extranjería en vigor desde el año pasado prevé la posibilidad de regularizar a unas 900.000 personas en tres años por esta vía. El acuerdo entre Podemos y el Gobierno devuelve ahora al centro del debate una herramienta que, con distintos formatos y requisitos, ha sido utilizada de manera recurrente por todos los grandes partidos para adaptar la política migratoria a una realidad social y económica que, una y otra vez, ha desbordado el marco normativo existente.