Carlos Mur, que fue director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño y firmante de los llamados (por quienes los critican) ‘Protocolos de la Vergüenza’ aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia de Covid-19, está citado a declarar como imputado este lunes 26 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Una cita que puede ser clave en esta investigación, ya que fue citado en otras cuatro ocasiones y en ninguna acabó declarando.
La declaración se va a producir por videoconferencia, después de que el Juzgado 23 de Madrid aceptase la petición de Mur, quien alegó que trabaja y reside en Andorra.
Esta se puede convertir en la primera vez en la que ofrezca su versión en una causa llevada por varios juzgados madrileños y en la que está investigado junto a Javier Martínez Peromingo, el considerado ideólogo de este protocolo y sucesor de Mur en su puesto, y Pablo Busca Ostalaza, el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), encargado de gestionar las ambulancias públicas.
El delito de denegación discriminatoria
La investigación judicial sobre las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia tiene su origen en la gestión de la primera ola del Covid-19, entre marzo y abril de 2020, cuando miles de mayores fallecieron sin ser derivados a hospitales. En aquellos días, el Gobierno regional aprobó una serie de protocolos de derivación que establecían criterios restrictivos para el traslado de residentes enfermos, en un momento en el que los hospitales estaban saturados y las residencias carecían de medios sanitarios suficientes.
Desde entonces, familiares y asociaciones han denunciado que esas decisiones no solo fueron administrativas, sino que supusieron una vulneración grave del derecho a la vida y a la atención sanitaria, una cuestión que ahora tratan de dilucidar los tribunales. Varios juzgados de Madrid tienen causas abiertas contra los tres principales investigados por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Todas las declaraciones infructuosas
La primera vez que Carlos Mur fue llamado a declarar fue el 26 de mayo del año pasado, junto a Peromingo, ante el Juzgado número 3 de Madrid. Pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones. Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los exaltos cargos al decidir inhibirse, precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que este “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.
Las últimas dos ocasiones llegaron ya en diciembre del año pasado, cuando Mur debía declarar en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. No se presentó a ninguna de estas llamadas para más tarde alegar que no había recibido la notificación del Juzgado que lo había citado a declarar.
Días después, se personó en el procedimiento del Juzgado madrileño para solicitar declarar por videoconferencia, petición que fue aceptada por la jueza.
La versión que puede aportar Carlos Mur
Desde las dos asociaciones que lideran las acusaciones en todas las causas abiertas, Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, han pedido directamente al investigado que “tire de la manta” y “cuente lo que sabe” sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de Madrid.
Y es que al ser el firmante de estos llamados ‘Protocolos de la Vergüenza’ puede arrojar mucha luz sobre estos escritos que impidieron el traslado a los hospitales de miles de personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, dejando así una cifra de 7.291 víctimas mortales que fallecieron sin ningún tipo de acompañamiento ni respiradores.
Además, esta se puede convertir en su oportunidad de rebatir la versión de Peromingo, el único investigado de los tres que ha declarado por el momento, y que en sus dos citas de diciembre echó la responsabilidad a Mur, asegurando que, al ser el firmante, fue la persona que decidió los criterios definitivos.
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