Un juez pide al presunto ideólogo de los ‘protocolos de la vergüenza’ en las residencias de Madrid que aporte las pruebas de su oposición al contenido discriminatorio

El juez del Juzgado Número 2 de Collado Villalba ha solicitado a Javier Martínez Peromingo, uno de los imputados en el caso residencias y el considerado ideólogo de los denominados "protocolos de la vergüenza“, que aporte las pruebas, WhatsApps y correos, en los que se demuestra su oposición al contenido “discriminatorio” de estos escritos, según unas declaraciones del abogado de los afectados que ha recogido el periódico El País.

Este miércoles es la segunda vez que Peromingo estaba citado a declarar esta semana, esta vez en Collado Villalba, tras su interrogatorio en un juzgado de Madrid y en ambos ha defendido una misma idea: que los protocolos eran discriminatorios y ha señalado a Carlos Mur, su antecesor en el puesto de director general de Coordinación Sociosanitaria, como responsable principal de su firma, apuntando que los criterios definitivos fueron cosa suya.

Por esta razón, en esta segunda ocasión el juez ha querido ir un paso más allá para determinar esta tesis y ha pedido al imputado que aporte pruebas físicas de que realmente se opuso a estos protocolos, considerándolos “discriminatorios”.

Junto a Peromingo estaban llamados a estas citaciones el propio Mur y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), encargado de gestionar las ambulancias públicas, pero no se han presentado en ninguno de los juzgados, por lo que desde ayer pesan sobre ellos dos órdenes de ‘busca y captura’.

¿Quién fue el ideólogo de los protocolos de la vergüenza?

Peromingo ha sido señalado por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia como el ideólogo, o al menos uno de los principales responsables técnicos, de los llamados protocolos de la vergüenza, los documentos que, según los denunciantes, institucionalizaron criterios de triaje destinados a decidir quienes podían ser derivados a un hospital y quienes no.

El contexto se remonta a marzo de 2020, cuando la primera ola de la pandemia desbordó al sistema sanitario y a los centros de mayores. En ese momento, el investigado era geriatra de referencia para decenas de residencias y coordinaba un equipo de “geriatras de enlace” que debían aplicar un protocolo técnico complementario al firmado por otro responsable sanitario, Carlos Mur.

Ese protocolo técnico, según la acusación, establecía parámetros como la autonomía física (medida con el índice de Barthel) o el deterioro cognitivo, para decidir si un residente podía ser derivado al hospital. Para muchas personas mayores, esas escalas resultaron determinantes a la hora de negarles atención hospitalaria.

Durante años, la responsabilidad por esos protocolos ha sido objeto de disputas internas entre los antiguos cargos de la Consejería de Sanidad: Mur señaló en su momento que las directrices tomaban como base documentos elaborados por Martínez Peromingo; él, en cambio, cuando compareció ante la comisión de la Asamblea de Madrid en 2021, defendió su actuación, asegurando que las decisiones médicas respondían a criterios clínicos habituales y que no constituían “una discriminación”.

Sin embargo, estas últimas declaraciones de Peromingo han supuesto un vuelco en le caso, ya que por primera vez ha admitido que esos protocolos, que ayudó a redactar o por lo menos coordinar, fueron “discriminatorios” al excluir sistemáticamente a residentes por su edad, dependencia o deterioro.

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