Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Toda historia tiene un comienzo, y en este caso es un préstamo de 80 millones de euros. Un préstamo que el Gobierno central entregó en 2010 a la Comunidad de Madrid para fomentar la innovación en la capital y que, con una decisión un tanto polémica, acabó dejando la gestión en manos de la empresa público-privada Madrid Network, que, entre opacidad y movimientos cuestionables, provocó que 70 millones de ese dinero acabara en manos de empresas privadas.

El 27 de octubre de 2010, la ministra de Ciencia e Innovación de ese momento, la socialista Cristina Garmendia Mendizábal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo era impulsar la innovación empresarial y tecnológica en la región. El acuerdo se articulaba a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), organismo dependiente del Gobierno regional.

En el propio escrito se detallaban los objetivos que debería cumplir el préstamo. Debía emplearse en la creación de centros tecnológicos, apoyo a empresas innovadoras, proyectos de biomedicina, seguridad, nuevas tecnologías, internacionalización y atracción de talento, todo ello bajo la supervisión de una comisión de seguimiento formada por representantes del Estado y de la Comunidad de Madrid. Los recursos se entregarían en tres fases: 32 millones en 2010, otros 32 millones en 2011 y los últimos 16 millones en 2012.

Sin embargo, un punto importante del convenio es entender que no se trataba de una subvención, sino de un préstamo público con condiciones ventajosas. Es decir, el dinero tenía que ser devuelto al Estado tras cumplir su cometido. De esta manera, se fijó un interés reducido del 1,232% anual, con un periodo de carencia de cinco años, durante el cual no se devolvía el capital, y un plazo de amortización de diez años adicionales. En total, la Comunidad de Madrid disponía de 15 años para devolver íntegramente los 80 millones al Tesoro Público, mediante pagos anuales que debían realizarse cada 31 de enero.

De la Comunidad de Madrid a Madrid Network

La Comunidad de Madrid recibió el dinero y tomó una decisión un tanto polémica: la integridad del préstamo fue entregado a Madrid Network, una entidad creada por ellos mismos en 2007 que en el papel se describió como una forma de impulsar la innovación, la tecnología y la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.

Al no ser una consejería ni un organismo público clásico, sino una fundación de derecho privado, se financió casi por completo con dinero público procedente de la Comunidad de Madrid y de fondos estatales y europeos, pero, a la vez, su estatus le permitía contratar personal y servicios sin los controles habituales de la administración, como oposiciones, concursos públicos o fiscalización previa estricta.

En el momento de su creación y hasta diciembre de 2011, el presidente de la asociación fue Antonio Beteta, que también ejercía como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y que, tras abandonar este puesto, se incorporó al Gobierno central como secretario de Estado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Además, como han revelado investigaciones periodísticas llevadas a cabo por medios como elDiario.es o DiarioRed, por esta entidad pasaron como contratados varios ‘cachorros’ de las Nuevas Generaciones del PP (la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a cobrar más de 4.200 euros mensuales por escribir “notas de prensa”) y se entregaron contratos adjudicados sin concurso a consultoras con vínculos políticos, como el despacho de abogados del ministro Montoro, Equipo Económico, que recibió 1,8 millones de euros por contratos de asesoría y diferentes servicios, cuya finalidad todavía se desconoce.

Las obligaciones que la Comunidad de Madrid delegó en Madrid Network

Pero volviendo al préstamo de 80 millones, la Comunidad de Madrid firmó el convenio para entregarle el dinero el 23 de mayo de 2011, lo que sumó un paso más al proceso y dejó el dinero público en manos de una entidad de naturaleza privada. En este escrito, al que ha tenido acceso Infobae, se detalla que la Comunidad entregaría las cantidades de dinero de la misma forma que vienen descritas en el convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ese convenio establecía que Madrid Network pasaba a ser beneficiaria directa del préstamo, no una mera intermediaria, y que asumía la obligación de devolver íntegramente los 80 millones de euros, junto con los intereses correspondientes. El texto fijaba además mecanismos de control, obligaciones de justificación periódica y la posibilidad de exigir el reintegro anticipado del dinero si los fondos se destinaban a fines distintos de los previstos o no se acreditaba correctamente su uso.

El reparto del dinero también quedaba regulado. Madrid Network debía transferir los fondos a sus entidades asociadas para ejecutar proyectos concretos y previamente definidos, como centros tecnológicos, plataformas de innovación o iniciativas en sectores estratégicos. Esos proyectos no podían financiarse de forma arbitraria: cada beneficiario debía cumplir requisitos legales, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y justificar documentalmente cada gasto.

En cuanto a la devolución, el préstamo contaba con cinco años de carencia, durante los cuales no se devolvía capital, y la amortización comenzaba a partir de 2016. A partir de ese momento, Madrid Network debía realizar pagos anuales conforme a un cuadro de amortización cerrado, con vencimientos que se extendían hasta 2027. Cada pago debía realizarse antes de mediados de enero de cada año, ingresándose en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, que a su vez respondía ante el Estado.

Además, el convenio obligaba a Madrid Network a informar de manera trimestral y anual a la Consejería de Economía y Hacienda sobre el destino del dinero, mediante unas Memorias que durante años han permanecido escondidas por la propia Comunidad de Madrid, hasta que el Tribunal Supremo en una sentencia ha obligado a que se hagan públicas.

Las empresas que recibieron el dinero

Ya teniendo acceso a estas Memorias, se puede entender mejor cómo se repartió el dinero y las razones por las que acabó ‘desapareciendo’ una gran parte del préstamo, que nunca se devolvió en su totalidad.

Las empresas tuvieron que presentar su proyecto para la innovación y Madrid Network eligió a 47 beneficiarios. De entre ellos, solo 12 acabaron cumpliendo “con los criterios mínimos para considerar correctamente ejecutados sus proyectos”, que recibieron en total unos 29 millones euros. En 2024, solo la empresa Protein Alternatives S.L., que recibió un préstamo de 1,2 millones de euros, seguía realizando pagos por los intereses correspondientes a las cuotas mensuales impagadas. Destaca además un préstamo de 2,5 millones que fue entregado al propio Madrid Network para un “Centro de servicios en Red de Apoyo a la Innovación”.

A partir de aquí, aparecen todos los proyectos que no cumplieron sus objetivos, 35 en total. Con cinco de estas empresas se consiguió llegar a un acuerdo para la resolución amistosa de sus préstamos, unos 4,5 millones de euros que fueron devuelto en su totalidad, salvo en el caso de una de las empresas, con la que el calendario se amplió hasta 2026.

Los problemas reales comienzan con el siguiente grupo: 12 empresas de las que no se recibió el dinero y que se declararon en situación de concurso de acreedores, lo que ha dificultado mucho la devolución. En algunos casos concretos, la administración pública ha recibido una parte o se ha quedado con inmuebles pertenecientes a estas sociedades.

Por último, se encuentran otras 18 sociedades que no cumplieron con la devolución y contra las que se tuvo que iniciar un proceso judicial para que lo hicieran. Estos préstamos alcanzaron en total 24 millones de euros y solo con dos empresas se consiguió llegar a un acuerdo tras el litigio.

Entre estas empresas destacan Flightech System Europe S.L. que recibió 1,4 millones de euros y tuvo de accionista al exministro de Defensa del PP, Pedro Morenés Eulate; y Servicios Funerarios Green Funeral S.L. (2,6 millones de euros), donde uno de sus administradores, Carlos Eugenio Gómez Rodrigo, aparece en los ‘Paradise Papers’.

¿Por qué Madrid Network dejó de devolver el préstamo?

La imagen que dejan estos documentos es la de falta de control a la hora de elegir los beneficiarios y de perseguirlos para que devolvieran el dinero, lo que acabó provocando que gran parte del dinero público ‘desapareciera’ en manos de empresas privadas.

Según el calendario firmado entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network, la devolución del préstamo comenzaba en 2016, y ese año se entregaron 3,6 millones de euros, según lo pactado. Igual ocurrió en 2017, cuando se devolvieron los 7,2 millones que recogía el pacto. Sin embargo, a partir de 2018, la empresa dejó de devolver el dinero, situación que se ha mantenido hasta la actualidad.

A partir de ese año y hasta la última Memoria, la de 2024, Madrid Network copia el mismo texto para explicar por qué dejó de devolver el dinero. Según su versión, el origen del conflicto se sitúa en 2016, cuando Madrid Network devolvió a la Comunidad de Madrid 4,1 millones de euros correspondientes a fondos no desembolsados a empresas beneficiarias que incumplieron las condiciones del préstamo o renunciaron a él.

Ese dinero fue recibido por la Comunidad, que reconoció que debía ajustarse el calendario financiero del préstamo. El problema está en que ese ajuste nunca llegó a producirse. Tal y como reconoce Madrid Network en sus propias Memorias, la Comunidad de Madrid comunicó que, una vez el Estado actualizara el cuadro de amortización del préstamo original, se procedería a modificar el calendario pactado con la entidad. Ese nuevo cuadro de amortización, imprescindible para saber cuánto debía pagarse cada año tras la devolución parcial del principal, no ha llegado a ser remitido.

Como consecuencia, Madrid Network sostiene que quedó en una situación de indefinición jurídica y contable: el préstamo ya no ascendía a 80 millones de euros, pero las cuotas anuales seguían calculándose como si ese importe no se hubiera reducido. En otras palabras, se le exigía devolver un dinero que, oficialmente, ya había sido reintegrado años antes.

Por ello, la empresa aseguraba que no podía realizar los pagos sin un nuevo cuadro de amortización aprobado por la Comunidad de Madrid que reflejara correctamente el capital pendiente tras la devolución de 2017. Mientras tanto, los pagos quedaron suspendidos, aunque el hecho de que no existiera un nuevo cuadro no le quitaba la obligación de seguir pagando.

La responsabilidad final y otro gasto de 60.500 euros

Uno de los puntos relevantes es que este argumento se repite sin variaciones durante al menos siete ejercicios consecutivos (de 2018 a 2024), sin que conste en la documentación que la Comunidad de Madrid haya emitido el nuevo calendario ni haya iniciado acciones efectivas para desbloquear la situación.

Infobae ha contactado con la Comunidad de Madrid para conocer la razón por la que no se aportó el nuevo cuadro de amortizaciones y, según su versión, se debió a que esa obligación recaía en el Gobierno central y a que se lo estuvieron reclamando sin respuesta. En la Comunidad de Madrid añaden que llevan años reclamando el pago de la deuda, tanto administrativa como judicialmente, sin demasiado éxito.

Entre estas acciones estuvo conceder un contrato de 60.500 euros a un despacho de abogados externo para que analizara el convenio firmado el 23 de mayo de 2011 entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network, es decir, un análisis jurídico del acuerdo mediante el cual se transfirió a Madrid Network la gestión del préstamo público de 80 millones de euros. El elegido fue Uría Menéndez Abogados S.L.P. A día de hoy, la Comunidad de Madrid sigue sin hacer público a través de transparencia este informe, alegando que tiene “naturaleza de informe auxiliar o de apoyo para la Administración, al haber sido emitido por un agente externo”.

Y aquí nace el problema real de toda esta historia. El préstamo tenía que ser devuelto, porque así lo aseguraba el convenio entre el Gobierno Central y el de la capital. Y así se hizo: se remitieron los más de 10 millones de euros que sí devolvió Madrid Network, pero el resto ha tenido que salir de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.

Así que la secuencia se cierra de esta manera: el Estado utiliza 80 millones de euros de dinero público para potenciar la innovación en la capital, que le tenía que ser devuelto con intereses; la Comunidad de Madrid toma la decisión de que se encargue de todo este dinero una empresa propia; y ante la falta de control que lleva a la pérdida de ese dinero, acaba teniendo que sacar de sus propias arcas unos 70 millones de euros y así compensar la devolución, dejando esa cantidad en manos de diferentes empresas privadas que no devolvieron este dinero. Hoy, se desconoce para qué lo utilizaron, al no haber cumplido con sus objetivos.