El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente del Ministerio de Transportes, quiere encargar a una empresa privada un informe que le ayude a conocer mejor “la interfaz rueda-carril” (el punto crítico de contacto entre la rueda de un tren y el riel de acero por el que circula) tras los últimos descarrilamientos que se produjeron en la estación madrileña de Atocha. Esta evaluación fue licitada a través de un contrato a finales de noviembre de 2025, pero todavía no ha sido adjudicada. La Agencia, que según su última memoria de 2024 cuenta con 114 trabajadores, asegura que “no dispone de los medios propios para hacer frente de forma adecuada a estos trabajos, por lo que, en aras a una mayor eficacia, se hace necesario disponer de una entidad externa para apoyo en la realización de este tipo de trabajo”.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya está investigando precisamente por qué descarrilaron el tren de Iryo y el Alvia a su paso por el municipio cordobés de Adamuz y cómo se produjo el accidente que ya ha dejado al menos 40 víctimas mortales. La investigación encargada de encontrar la causa de el primer accidente mortal en la alta velocidad española tardará tiempo en esclarecer las causas que han provocado la tragedia.

En este otro caso, sin embargo, el motivo de este informe surge “como consecuencia de los descarrilamientos ocurridos en el entorno de la estación de Madrid-Atocha Cercanías los días 26 de noviembre, 5 y 8 de diciembre de 2023″, es decir, de unos sucesos que pasaron hace dos años y tras los cuales, en febrero de 2024, Renfe, Adif (el gestor de infraestructuras ferroviarias) y la propia Agencia de Seguridad decidieron crear un grupo de trabajo “para el análisis de la interfaz rueda-carril. El objeto principal del mismo era la profundización en el conocimiento de esta interfaz”. El punto de contacto rueda-carril, que en realidad es de apenas unos milímetros cuadrados, es un sistema mecánico complejo que garantiza la seguridad, la estabilidad, la tracción y el frenado del tren.

“En el contexto antes indicado se ha estimado necesaria la licitación de un contrato para realizar un estudio que evalúe la seguridad ferroviaria frente al descarrilamiento en aparatos de vía, específicamente el remonte de pestaña (progresivo y brusco). La finalidad es estimar la influencia de los parámetros de la vía, el material rodante y la operación sobre la seguridad frente al descarrilamiento en la vía desviada de un aparato de vía. Los resultados se utilizarán para proponer recomendaciones sobre seguridad, normativa técnica, reglas de operación ferroviaria y buenas prácticas”, señala la memoria justificativa del contrato. La Agencia de Seguridad está dispuesta a pagar un máximo de 147.000 euros por seis meses de trabajo.

Llama la atención que tanto Renfe (15.800 empleados), como Adif (13.400 trabajadores) y la AESF (114), que suman entre los tres organismos una plantilla de 29.300 efectivos, no tengan medios propios para realizar esta evaluación. La propia Agencia de Seguridad tiene, entre sus funciones, “velar por el mantenimiento general de la seguridad en la circulación sobre la Red Ferroviaria de Interés General mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores en esta materia; y proponer, elaborar y desarrollar el marco normativo de seguridad y la supervisión de su cumplimiento por los agentes del sistema ferroviario”.

La Agencia reclama más personal

La propia Agencia de Seguridad reconoce en su última memoria que “en materia de personal el reto más acuciante es cubrir los puestos de trabajo y, además, fidelizar el personal que ya presta servicio. Adicionalmente, se hace necesaria la incorporación de personal especializado, como maquinistas, personal de mantenimiento de vehículos ferroviarios, especialistas en circulación ferroviaria, médicos, etc”. Es necesario “asegurar un relevo generacional sin distorsiones cubriendo las jubilaciones y salidas de personal de la AESF con nuevas incorporaciones, y fidelizar este nuevo personal, con retribuciones y puestos adecuados a su grado de especialización”.

El grupo de trabajo que formaron ADIF, Renfe y AESF ya señaló que cabía la posibilidad de acudir a la “colaboración externa para la realización de aquellos trabajos que el grupo acordase en función de las necesidades que surgieran”. Una de estas colaboraciones será esta evaluación, que debe incluir “un modelo con el que hacer simulaciones, validarlo mediante ensayos de campo, instrumentando tanto aparatos de vía como un tren, y realizar finalmente una serie de simulaciones con distintas combinaciones de parámetros para ciertos escenarios preseleccionados”. El contrato exige que el equipo externo que haga este trabajo esté compuesto por tres profesionales. En el caso concreto de descarrilamientos, la red ferroviaria española ha sido escenario de 113, entre los años 2019 y 2024, de los que tan solo se han investigado 6, el 5,3%.