El Gobierno de España ha recomendado a todos los ciudadanos españoles que continúan en Irán que abandonen el país debido a la ola de protestas generadas estos últimos días. Recordemos que, por el momento, se han registrado más de 3.400 muertes, según los datos de Human Rights Activists (HRA), una ONG noruega. Concretamente, el aviso se ha lanzado desde la página web del ministerio de Asuntos Exteriores en el que solicitan una salida “haciendo uso de los medios disponibles”.
Asimismo, se puede leer: "Si se encuentra usted en Irán, se desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial". Y es que, según inciden, “hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades”, explican.
Por este motivo, “también se recomienda encarecidamente no tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas", añaden. Incluso, esta alerta se amplía a cualquier publicación “a través de las redes sociales”. Tal y como han detallado, “varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos”, afirman. Este mensaje llega apenas unas horas después de que países como Estados Unidos, Canadá y Alemania hayan hecho la misma advertencia.
Del mismo modo, cabe recordar que la reunión que solicitó ayer el ministro José Manuel Albares para reunirse con el embajador de Irán en España, Reza Zabib. Su objetivo era presentar una protesta formal por la represión de las manifestaciones que se han desarrollado recientemente en el país. Así lo confirmó el ministro Albares en declaraciones para Catalunya Ràdio: trasladarán la “enérgica repulsa y condena” del Gobierno de España a la represión de las protestas en el país.
Manifestaciones en al menos 15 provincias
La situación en Irán continúa marcada por la falta de transparencia oficial respecto a la magnitud de la represión y las consecuencias humanas de los operativos de seguridad. Las denuncias de abuso, las detenciones masivas (al menos 16.700 personas) y el uso letal de la fuerza mantienen en alerta a organismos internacionales de derechos humanos. Además, las protestas antigubernamentales, que comenzaron a finales de diciembre de 2025, han dejado al menos 1.850 personas muertas, según el balance presentado por la organización Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos.
No obstante, Iran Human Rights (IHRNGO), con base en Noruega, ha elevado el doble la cifra de víctimas a 3.428, una cifra respaldada por documentación hospitalaria y registros funerarios. La escalada de violencia y represión ha tenido lugar en al menos 15 provincias del país. Entre los fallecidos, la mayoría son menores de 30 años y se incluye a al menos 15 menores de edad, aunque la organización continúa investigando la edad exacta de todas las víctimas. Las protestas emergieron como respuesta al deterioro de las condiciones económicas, situación que generó una amplia participación de jóvenes y motivó la imposición de restricciones nacionales al acceso a Internet -una decisión que ha dificultado el recuento-.
Por su parte, las autoridades de Irán han atribuido la situación a la supuesta injerencia de gobiernos extranjeros. El Ejecutivo de Teherán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y sugirió las manifestaciones forman parte de un plan de desestabilización impulsado desde el exterior. Además, apuntan a que los hechos violentos podrían funcionar como pretexto para una eventual intervención militar estadounidense.
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