En 2006, una mujer italiana de 47 años acudió al Hospital de Volterra para una intervención ortopédica rutinaria. Lo que parecía un procedimiento sencillo se convirtió en el inicio de una pesadilla que duraría cuatro años. Durante los análisis previos a la operación, los médicos detectaron una anomalía en su recuento de glóbulos blancos. La cirugía se aplazó y los resultados fueron enviados al Hospital Universitario de Pisa.
Allí, tras realizar varias biopsias de médula ósea e intestinal, los médicos diagnosticaron un linfoma no Hodgkin de tipo MALT, un cáncer de crecimiento lento, localizado principalmente en el intestino. La mujer, convencida de que tenía que hacer frente a la enfermedad, comenzó en 2007 un largo y agotador ciclo de quimioterapia, corticoides y esteroides.
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Durante casi un lustro, la paciente soportó los efectos físicos y psicológicos de terapias extremadamente agresivas. La quimioterapia le provocó cansancio crónico, malestar constante y limitaciones físicas. Los corticoides y esteroides añadieron complicaciones adicionales, y su vida cotidiana comenzó a desmoronarse.
Pero el impacto no solo se limitó al cuerpo. La mujer trabajaba como agente de seguros, pero tuve que reducir drásticamente su actividad profesional y, debido a su estado de salud, incluso llegó a perder temporalmente su carnet de conducir.
Todo cambió en 2011, cuando decidió buscar una segunda opinión en un hospital de Génova. Tras nuevas pruebas y biopsias, el diagnóstico reveló que no había cáncer. Durante años, fue tratada por una enfermedad que nunca existió.
En primer lugar, la mujer quiso resolver el asunto de manera extrajudicial con el hospital responsable, pero al no obtener una respuesta satisfactoria, la única vía que quedaba era la justicia. El Hospital universitario de Pisa defendió su actuación, alegando que el cuadro clínico era complejo y que, según la información disponible, los tratamientos aplicados eran los adecuados.
Sin embargo, un dictamen pericial preexistente desmontó estas afirmaciones. El informe concluyó que no existían pruebas que avalaran el diagnóstico ni justificaran la administración de terapias agresivas durante cuatro años. Los síntomas de la paciente no eran compatibles con un linfoma de Hodgkin, y los tratamientos recibidos fueron innecesarios y perjudiciales.
La Corte de Apelación de Florencia revisó el caso y dictó un fallo histórico. Reconoció un 60% de invalidez permanente, superior al 40% fijado en primera instancia, y elevó la indemnización a más de 470.000 euros (antes de 295.000 euros). El tribunal destacó no solo el daño físico y emocional, sino también el perjuicio laboral y funcional que sufrió la mujer, quien vio afectada su vida cotidiana y su desempeño profesional.
“Desde esta perspectiva, el incremento de la indemnización está ciertamente justificado por la extraordinaria angustia y sufrimiento que el diagnóstico de linfoma, en fase terminal, debió causar a la mujer, quien se encontró pasando un período significativo de su vida (cinco años) con el temor de morir a causa de una grave enfermedad”, recoge la sentencia, según medios italianos. Además, subraya la importancia de la “personalización del daño”, considerando cómo un error médico prolongado puede alterar por completo la existencia de una persona.
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