La Policía de la ciudad universitaria de Cambridgeshire ha iniciado una investigación tras la venta del edificio John Mansfield Centre (JMC), valorado en 4,6 millones de libras (el equivalente a unos 5,4 millones de euros, aproximadamente), por tan solo una libra esterlina. El inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Peterborough y ocupado por City College Peterborough, fue transferido en 2020 a la organización benéfica City College Peterborough Foundation (CCPF). Según ha informado la cadena británica de radiodifusión (BBC), las autoridades municipales han expresado su preocupación por la legalidad de la operación y de las transacciones financieras asociadas.
El informe del gabinete del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso la BBC, detalla que la decisión de transferir el JMC a la fundación se aprobó en septiembre de 2019 mediante un documento de autoridad delegada que, según el propio informe, presentaba “deficiencias fundamentales”. Tras la venta, el consistorio, que sigue siendo titular del colegio, ha abonado cerca de 800.000 libras (unos 940.000 euros) en concepto de alquiler a la fundación.
Pese a que el informe señala que “no existe constancia de ningún contrato de arrendamiento escrito ni acuerdo de arrendamiento”, tres personas han sido detenidas bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, según ha confirmado la Policía de Cambridgeshire a la BBC. La fundación CCPF ha sido contactada por el mismo medio para recabar su versión de los hechos.
Qué papel juega la autoridad local
El informe municipal subraya que los ayuntamientos pueden enajenar terrenos por un valor inferior al que razonablemente podría obtenerse sin necesidad de autorización del secretario de Estado, siempre que el valor no supere los dos millones de libras (unos 2,35 millones de euros). En este caso, el valor contable del JMC ascendía a 4,6 millones de libras, y no consta que se solicitara el preceptivo consentimiento. Además, el documento indica que la decisión fue adoptada por un funcionario que no contaba con la autorización expresa para ello y que el formulario justificativo afirmaba erróneamente que la fundación, creada en 2013, se había constituido específicamente para gestionar el JMC.
El centro educativo, dedicado a la formación de adultos, pasó a estar bajo la gestión de la fundación en febrero de 2020. Desde entonces, el Ayuntamiento ha pagado un alquiler mensual que comenzó en 17.010 libras (unos 20.000 euros) y que se incrementó hasta 29.010 libras (unos 34.000 euros) en febrero de 2021. El informe del gabinete advierte: “La ausencia de un contrato de arrendamiento escrito genera una considerable incertidumbre sobre las condiciones de ocupación del Ayuntamiento y sobre cualquier posible responsabilidad acumulada”.
El informe también recoge que se han realizado otros pagos, por un importe cercano a las 300.000 libras (unos 350.000 euros), relacionados con el mantenimiento del edificio, que el consistorio considera “ilegales”. Actualmente, el Ayuntamiento reconoce que no prevé poder recomprar el JMC y se ve obligado a negociar con la fundación, ya que la situación legal de la ocupación del colegio es incierta.
Mohammed Jamil, concejal laborista responsable de finanzas, ha declarado a la BBC que la publicación del informe “demuestra que, cuando se identifican actos ilegales, los funcionarios estatutarios del Ayuntamiento no dudan en cumplir con su deber de informar sobre esas irregularidades, y apoyamos plenamente ese enfoque”. Jamil ha añadido: “Como parte de nuestro proceso de mejora desde 2022, nos comprometimos a introducir mejoras rápidas y profundas en materia de gobernanza y gestión financiera”. Además, el concejal laborista añade que “muchas de las medidas adoptadas en los últimos años han fortalecido los procedimientos y políticas de toma de decisiones”.
Pese a todo lo investigado hasta la fecha, el informe recomienda que el “oficial de control” del Ayuntamiento continúe explorando todas las vías legales posibles para revertir la enajenación ilegal del JMC, según ha recogido la BBC. Por su parte, Tasha Dalton, directora de City College Peterborough, ha manifestado a la BBC: “Somos conscientes de la publicación del informe, que se refiere a un asunto histórico”. Por ello, la directora afirma que “nuestra prioridad es que los estudiantes, las personas a las que apoyamos y el personal se vean lo menos afectados posible”.
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