Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

La conciliación familiar sigue siendo uno de los principales retos para cerrar la brecha de género en el mercado laboral español, después de un año en el que varios estudios han señalado las numerosas dificultades a las que se enfrentan las mujeres que quieren tener hijos y seguir progresando en su carrera profesional. El reciente informe del Instituto de Política Social (IPSE) se suma a esta tendencia y sitúa el acoso laboral vinculado a la maternidad como un fenómeno de gran magnitud y consecuencias sociales profundas. Según el documento presentado hoy, la situación es “extremadamente grave y moralmente intolerable”, y podría estar ejerciendo un fuerte impacto en las decisiones vitales de miles de mujeres trabajadoras. En total, un 72% de españolas afirma no tener hijos o no ampliar la familia por miedo a represalias laborales, según el barómetro IPSE de 2024.

Las cifras del ‘Informe Mobbing Maternal 2024′ revelan el alcance del problema: una de cada cinco mujeres embarazadas declara haber padecido acoso o discriminación vinculada a la maternidad. Entre las madres jóvenes de 18 a 30 años, el 32% reconoce haber recibido presiones o amenazas laborales durante el embarazo, mientras que el 27% de quienes solicitaron reducción de jornada por cuidado de hijos señala haber sufrido represalias. No menos relevante, el 41% de los contratos temporales de mujeres embarazadas no se renovó por causas atribuidas a “reestructuración interna”. Además, el 58% de las madres encuestadas afirma que ser madre perjudicó su carrera profesional.

La definición de mobbing maternal que establece el IPSE recoge un amplio abanico de comportamientos, que incluyen “cualquier forma de acoso, presión, represalia, trato hostil, degradación laboral o discriminación ejercida sobre una mujer por razón de su embarazo, permiso de maternidad, lactancia o condición de madre”. Las manifestaciones concretas pueden ser la degradación de funciones, el aislamiento deliberado, comentarios ofensivos y presiones para renunciar, además de los obstáculos para la conciliación, penalización salarial, acoso psicológico o estrés laboral. Estas prácticas pueden afectar tanto en la fase previa al embarazo como durante la gestación, la baja maternal y la reincorporación profesional, abarcando empresas grandes, pymes y la propia Administración Pública.

Aumentan las denuncias de mujeres afectadas

El análisis de tendencias 2020–2024 dibuja un escenario de empeoramiento. El IPSE subraya un aumento sostenido de denuncias informales, estimando que ONGs y sindicatos han registrado entre un 18 y un 25% más de consultas de mujeres embarazadas acosadas desde el año de la pandemia. El aumento de la precariedad y el auge de los contratos temporales, con una proporción femenina del 18,6% frente al 14,7% masculina en 2024, amplifican el riesgo de mobbing en el entorno laboral. Paralelamente, las bajas ligadas a trastornos psicológicos relacionados con el trabajo han crecido un 29% entre mujeres de 25 a 39 años, de acuerdo a datos de UGT. La Organización Mundial de la Salud identifica ya la presión laboral relacionada con la maternidad como un factor de riesgo para la salud mental.

En cuanto a los sectores más afectados por estas prácticas, la hostelería y el turismo encabezan la lista, caracterizados por altísima temporalidad laboral y una falta manifiesta de protocolos internos. En comercio y atención al cliente, la presión para que las trabajadoras renuncien y la penalización directa por solicitar permisos o bajas es especialmente marcada. El campo de la sanidad y los servicios sociales presenta una sobrecarga emocional y jerarquías rígidas, motivando un elevado número de bajas por estrés durante el embarazo. La Administración Pública tampoco escapa, mostrando situaciones de movilidad forzosa y pérdida de funciones difíciles de visibilizar. Finalmente, el colectivo de empleadas del hogar y de cuidados vive el mobbing maternal de forma particularmente encubierta, al operar fuera de la estructura empresarial formal.

Acoso ilegal, pero raramente penado

Desde el punto de vista jurídico, el informe recuerda que el despido por embarazo está tipificado como nulo, aunque muchas empresas recurren a mecanismos alternativos como la degradación de funciones o el acoso laboral hasta logra la renuncia voluntaria. Según el IPSE, el sistema judicial presenta debilidades claras: la carga de la prueba recae sobre la víctima, lo que complica la capacidad de documentar humillaciones o abusos cotidianos. Los procesos judiciales oscilan entre ocho y veinte meses, periodo en que el daño ya es, a menudo, irreversible.

El IPSE advierte sobre fallos estructurales que dificultan la erradicación del fenómeno: insuficiencia de la Inspección de Trabajo, inexistencia de estadísticas oficiales detalladas sobre acoso maternal, ausencia de protocolos nacionales obligatorios en las empresas, carencia de recursos rápidos para las víctimas y una percibida falta de coherencia entre el discurso político feminista y las medidas implantadas para apoyar a las mujeres.