
La familia de una niña de cinco años ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra la directora y una maestra del CEIP Jarama de Mejorada del Campo (Comunidad de Madrid) por encubrir presuntamente una agresión sexual que tuvo lugar en el centro por parte de otro menor de la misma edad, que ya habría cometido un acto similar el año anterior hacia otra compañera del mismo colegio.
El caso ha salido a la luz después de que el del padre de la menor haya declarado en el diario El Mundo que, tras informar de los hechos al colegio, la directora le comunicó que no se abriría ningún expediente porque “no había ocurrido nada”, del mismo modo que “el año anterior tampoco había ocurrido nada”. Los padres, que presentaron la denuncia el pasado 4 de diciembre, están representados por el abogado Emmanuel Oliva, que explica a Infobae que los hechos “se podían haber evitado perfectamente” si la dirección del CEIP Jarama no se hubiera mirado hacia otro lado el año anterior. Considera que se trata de “una actuación claramente negligente” del colegio, que “tendría que intervenir y asistirse de las instituciones que están para esto, que son Protección de Menores, en el caso de este menor y de su familia, o incluso de Fiscalía, si es necesario”.
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Oliva asegura que el centro solo ha tratado de “desprestigiar” a los padres sin atender las necesidades de la menor que habría sufrido los abusos. En realidad, lamenta, “la denuncia no tiene ningún recorrido, por eso los padres se lo han acudido a la prensa”. Esto se debe a que son menores de 14 años y, por lo tanto, son inimputables. Lo único que se puede hacer, dice, es “reclamar responsabilidad patrimonial a través de un colegio público o responsabilidad civil, pero responsabilidad penal no habrá nunca porque los menores son irresponsables”.
En este sentido, explica que la denuncia la tramita la Policía, se la traslada a Fiscalía de Menores, que “cuando vea que son menores de catorce años, la archivará directamente”. No obstante, si el fiscal que reciba el atestado considera que hay indicios de una actuación negligente o de alguna actuación que requiera la intervención de los Servicios Sociales, tienen que avisar a Protección de Menores. Pero, en este caso, detalla, ni él ni la familia recibiría información al respecto.
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Para el abogado, la mayor problemática se encuentra en la actitud de la dirección del centro. “Pasó ya el año pasado. Los padres [del caso] del año pasado, vivían muy cerca del colegio y han tenido que llevarse a la niña a treinta kilómetros del colegio, a otro colegio, porque les hacían la vida imposible después de esto, incluso han tenido que vender su piso y mudarse a otro lugar donde porque era lo mejor para su hija”, cuenta.
<i>"</i>No culpo al otro niño y a su madre porque no tienen culpa"
Los padres que han denunciado ahora el caso de su hija también valoran la posibilidad de cambiarla de centro. En este sentido, el padre ha declarado a El Mundo que no cree que la responsabilidad sea del menor ni de su familia: "No culpo al otro niño y a su madre porque no tienen culpa“. Sin embargo, espera que la Fiscalía de Menores y el Juzgado competente actúen contra la profesora y la directora denunciadas “con toda la contundencia posible, ya que son hechos que, perfectamente, podrían haberse evitado, con base en los antecedentes existentes”.
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El progenitor ha criticado la respuesta del centro educativo, señalando que “las profesoras dicen que son juegos de niños, pero lo que sucedió no es un juego”. Además, ha denunciado su actitud: “La directora y la profesora dicen que mi hija es conflictiva y mentirosa. Pero lo que está ocurriendo es que a mi hija la están acosando y pegando otros niños en el colegio y, ante la pasividad de las profesoras, ella trata de defenderse como puede de lo que le hacen otros alumnos del centro”.
En el caso anterior, la familia de la otra menor trasladó al colegio un comunicado en el que informaba de que su hija “estaba siendo tocada en el culo y los genitales de forma insistente por el mismo niño, pese a que ella no quería”. En esa ocasión, los padres solicitaron que se interviniera y se les informara de las medidas a adoptar para evitar que la situación se repitiera, algo que, según la denuncia, ha vuelto a suceder un año después.
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