La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha elevado este lunes el tono ante la especulación inmobiliaria y la problemática del acceso a una vivienda digna. Desde Bruselas, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, de “promover” la venta de inmuebles “por manzanas” a inversores extranjeros con “fines especulativos”. Un modelo, dijo, totalmente opuesto al que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez, centrado, según ha remarcado, en garantizar una “vivienda asequible” para la ciudadanía.
Rodríguez ha viajado a Bélgica para participar en una reunión con sus homólogos europeos y perfilar los elementos del futuro plan europeo de vivienda asequible. La propuesta, impulsada por la Comisión Europea, está previsto que se apruebe antes de que termine el año, y se ha convertido en uno de los dosieres sociales clave de la agenda comunitaria.
Durante un encuentro con la prensa, la ministra ha insistido en que España quiere atraer inversión, pero ligada a la creación de parque accesible y no a operaciones de alto rendimiento financiero. “Como ministra de Vivienda quiero que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos”, afirmó.
“Los inversores que quiera construir vivienda asequible cuentan con el apoyo del Gobierno”
En su llamamiento explícito, apeló tanto a promotores sociales como a fondos interesados en desarrollar proyectos orientados a precios moderados. “Yo hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda, para construir vivienda asequible y esos inversores van a contar con el apoyo del Gobierno español en forma de ayudas, en formas de financiación”, expresó.
Asimismo, la ministra contrastó ese enfoque con lo que considera una estrategia que estimuló a la compra masiva de inmuebles en la Comunidad de Madrid. Según dijo, algunas administraciones estarían alentando adquisiciones que ya no se limitan a pequeños parques residenciales. “Aquellos que promueven o que hacen un llamamiento a los inversores a comprar vivienda por manzanas”, afirmó, van en dirección contraria a las prioridades estatales.
A su juicio, esta dinámica está generando procesos de concentración de vivienda en manos de fondos extranjeros. “Ya no dos, tres o cuatro viviendas, sino prácticamente barrios enteros, como está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que se está vendiendo a inversores extranjeros, privando a las personas residentes en nuestras ciudades de derecho a la vivienda”, denunció.
Rodríguez subrayó que el Gobierno rechaza de plano una lógica que, en su opinión, agrava la expulsión de vecinos de sus barrios y alimenta el alza de precios. “No compartimos que estemos vendiendo nuestras casas, las casas de los hombres y mujeres que desean vivir en las ciudades españolas a inversores que solo quieren especular y ganar grandes rendimientos”, remarcó. Además, la ministra recordó que la Ley de Vivienda marca como uso prioritario el residencial y que todas las administraciones públicas deberían alinearse con ese principio.
Medidas del Gobierno y la UE para frenar la especulación y el fraude en la vivienda
Para reforzar este marco, Rodríguez citó varias medidas adoptadas por el Ejecutivo central en los últimos meses. Entre ellas, la eliminación de los conocidos golden visa, que permitían acceder a un permiso de residencia mediante la compra de un inmueble, y la puesta en marcha del registro estatal de alquileres de corta duración, diseñado para combatir los alojamientos turísticos ilegales. También destacó que el Parlamento se está debatiendo “el gravar la compra de inversores extranjeros con hasta un 100% de manera que el impuesto sea disuasorio para comprar”.
En el plano europeo, Rodríguez aseguró que existe margen para una actuación más firme a escala comunitaria contra la especulación. A su juicio, el fenómeno es global y requiere respuestas coordinadas. España, dijo, “ha sido uno de los primeros países” en aprobar un reglamento específico para ordenar los alquileres turísticos de corta duración, ya en vigor. Gracias a esta normativa, afirmó, se han retirado del mercado múltiples alojamientos irregulares y se ha sellado un acuerdo con plataformas digitales del sector para reforzar la lucha contra el fraude.
En este sentido, ha pedido que la UE continúe desarrollando instrumentos comunes que permitan a los Estados miembros actuar frente a los abusos en un mercado cada vez más interconectado. “Creemos importante que la Unión siga dando herramientas a los Estados miembros para perseguir ese fraude que estamos viendo en los alojamientos de corta duración, fundamentalmente en España, los conocidos como alojamientos temporales y también los alojamientos en habitación”, apuntó.
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