La familia que vivía en un bosque de Italia, entre animales y abastecida por sus propios suministros, pierde la custodia de sus hijos

El Tribunal de Menores de L’Aquila, en el centro de Italia, ha decidido separar de manera provisional a tres hermanos de sus padres tras constatar que no estaban escolarizados y que vivían supuestamente aislados en una cabaña situada en un bosque, sin acceso a servicios higiénicos básicos. El caso ha suscitado un amplio interés en todo el país y ha desatado una intensa polémica a nivel nacional.

Los niños fueron trasladados inicialmente a un centro de acogida y, después de un largo proceso de mediación entre los servicios sociales y las autoridades judiciales, se permitió que la madre permaneciera con ellos. El padre, en cambio, se quedó en la vivienda familiar, también con el objetivo de cuidar a los animales que poseen.

La familia está formada por Catherine Birmingham, una australiana de 45 años que trabaja como profesora de equitación, y su marido, Nathan Trevallion, un ciudadano inglés de 51 años dedicado a la cocina y la artesanía. Junto a sus tres hijos —una niña de ocho años y dos gemelos de seis— residían en una cabaña que habían comprado y reformado recientemente, ubicada en una zona boscosa de la región de los Abruzos, a unos 40 minutos de la ciudad. Se abastecían con placas solares, obtenían agua de su propio pozo y no estaban conectados a redes públicas. Durante años pasaron desapercibidos, hasta que un giro inesperado cambió su situación por completo.

En septiembre de 2024, los cinco miembros fueron hospitalizados tras intoxicarse al consumir setas silvestres recogidas en el bosque. Tras su recuperación, la intervención médica activó una revisión de su situación familiar. Servicios sociales y policía visitaron la vivienda y comenzaron a evaluar las condiciones en las que vivían los niños.

Los niños del bosque: un conflicto judicial

Las autoridades detectaron varios incumplimientos de la ley. Según la resolución judicial, la vivienda no estaba reconocida oficialmente como habitable. Además, el tribunal constató que los menores no asistían a un centro educativo, no seguían controles médicos periódicos y la familia carecía de ingresos estables y de interacción social regular.

A ello se sumaban cuestiones relacionadas con las condiciones materiales del hogar. La casa no disponía de instalaciones sanitarias convencionales. La familia utilizaba un inodoro de compostaje exterior, calentaba la vivienda con chimeneas y rechazaba el uso de agua corriente por razones de coste y por la presencia de microplásticos, según explicó su defensa legal.

Con estos elementos, un juez ordenó retirar la custodia de los hijos y trasladarlos a centros de acogida, permitiendo a los padres un régimen limitado de visitas. El caso fue conocido en la prensa local como el de “los niños del bosque” y provocó una fuerte reacción social. Decenas de miles de personas firmaron una petición para que se reunificara a la familia. Incluso Giorgia Meloni ha hablado del tema, en defensa de la libertad de los padres para elegir su estilo de vida.

Los padres han concedido entrevistas a varios canales de televisión en las que han mostrado su vivienda y el entorno en el que crecían sus hijos, con la intención de evidenciar que, a su juicio, los menores se encontraban en buen estado y bien cuidados. En esas apariciones públicas, han explicado que un docente cualificado acudía periódicamente a la cabaña para impartir las clases y que los niños incluso habían realizado algunas pruebas académicas en centros educativos de la región de Toscana.

Asimismo, han defendido su decisión de no proporcionar a los pequeños teléfonos móviles ni permitirles ver la televisión, y han relatado cómo transcurría su rutina diaria, marcada por la convivencia con la naturaleza y el cuidado de los animales. La pareja sostiene que este estilo de vida les resulta beneficioso, ya que les aporta equilibrio emocional y una mayor conexión con el entorno natural, haciéndoles sentir “más serenos y en armonía”.

La legislación italiana permite la separación forzada de los menores de su entorno familiar cuando se considera que viven en condiciones inadecuadas, existen carencias en su educación o se dan situaciones graves de conflicto dentro de la familia. No obstante, se trata por ahora de una decisión provisional, y los padres ya han manifestado su intención de impugnar la resolución dictada por el tribunal.

¿Y si esto sucediera en España?

Más allá del caso concreto, la situación plantea una pregunta clara: ¿sería legal algo parecido en España? En materia educativa, la ley es clara. La escolarización es obligatoria entre los 6 y los 16 años, lo que obliga a los padres a matricular a sus hijos en centros homologados. La educación en casa no está prohibida de forma explícita, pero tampoco está regulada, lo que en la práctica puede derivar en procedimientos por absentismo escolar.

En cuanto al autoconsumo energético, la normativa sí permite producir electricidad mediante paneles solares, siempre que la instalación cumpla los requisitos técnicos y administrativos establecidos. En la mayoría de los casos basta con una comunicación previa y el registro correspondiente si no se superan ciertos límites de potencia.

El agua es otro punto clave. Vivir con agua de pozo es legal, pero no libre. Las aguas subterráneas son de dominio público, por lo que perforar un pozo exige permisos municipales y autorización de la Confederación Hidrográfica competente. Las condiciones varían según la comunidad autónoma y dependen de factores ambientales y de consumo.