El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

El Congreso ha cerrado la puerta a la propuesta de Vox para rebajar de 14 a 12 años la edad mínima a partir de la cual los menores pueden ser considerados responsables penalmente por sus actos. La iniciativa, presentada en pleno debate social sobre la delincuencia juvenil, solo contó con el apoyo de Vox, la abstención del Partido Popular y el rechazo mayoritario del resto de los grupos parlamentarios. El tema volvió a encender la discusión sobre el alcance de la ley que regula la responsabilidad penal del menor en España, vigente desde el año 2000, y sobre las formas de abordar los delitos cometidos por jóvenes.

Los bloques en torno a la edad penal

Durante la sesión, Vox defendió que la situación ha cambiado drásticamente desde principios del milenio y acusó al PSOE de anteponer intereses ideológicos frente a la protección de la infancia. La diputada Blanca Armario manifestó: “Al bipartidismo le ha importado más su ideología antes que preservar la inocencia de los menores y respetar el derecho a elegir de sus padres en temas de sumo interés. Les ha importado más enseñarles perspectivas de género y debatir sobre la prostitución, y enseñar distintos placeres sexuales que impartir contenido académico”.

Para Armario, la ley del año 2000 se fundaba en infracciones “irrelevantes”, pero ahora existen “datos alarmantes de criminalidad en jóvenes”. En su intervención, detalló ejemplos de delitos grabados y difundidos, agresiones graves y el uso de la violencia por adolescentes organizados, señalando que “la sociedad camina hacia un callejón sin salida” con la norma vigente.

La diputada de Vox relacionó este aumento en la criminalidad juvenil con políticas educativas que calificó de “adoctrinamiento”, el acceso sin filtro a tecnología y la migración, citando que “en 2023, el 33% de los condenados por delitos sexuales fueron extranjeros, a pesar de que representan solo un poco más del 14% de la población”. Recalcó que “nuestro país es un parque de atracciones para delincuentes”.

El Partido Popular, a través de Fernando de Rosa, reconoció que la delincuencia entre menores es motivo de preocupación en la sociedad y planteó la necesidad de escuchar a expertos antes de reformar la ley. Por su parte, el PSOE y la mayoría de los grupos manifestaron un rechazo frontal. Raúl Díaz (PSOE) señaló que la iniciativa de Vox implica “ensañamiento con las personas más vulnerables”, además de “aporofobia, racismo institucionalizado y odio”.

Nahuel González (Sumar) llamó “barbaridad” a la propuesta y denunció el intento de criminalizar a menores de 12 años. Desde ERC, Pilar Valluguera advirtió que la medida permitiría internar a niños que ni siquiera han terminado la Primaria y criticó a Vox por omitir el interés superior del menor. El PNV, por medio de Mikel Legarda, reprochó a Vox que base su diagnóstico en discursos de miedo y autoritarismo sin datos oficiales. Noemí Santana (Podemos) reafirmó que la ley vigente apuesta por educación e integración, no por el castigo, mientras que Àgueda Micó (Compromís) preguntó si Vox proponía también expulsar a menores españoles, rematando que “si no lo hacen, no estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de racismo” y calificando la iniciativa de “manifiesto ideológico de la falange”. La proposición no ha logrado avanzar en el Congreso y la ley de responsabilidad penal del menor mantiene el umbral de los 14 años como frontera legal.