El PP propone legalizar el corte de suministros básicos en las viviendas okupadas

Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular ha presentado una propuesta de reforma del Código Penal que permitiría a los propietarios cortar los suministros de agua, luz y gas en inmuebles ocupados sin que esta acción sea considerada delito de coacciones. Esta iniciativa, que se someterá a votación este miércoles en la Cámara Alta, busca ofrecer una herramienta legal directa para que los afectados puedan recuperar sus propiedades de forma más ágil.

El PP esta medida en el escrito registrado en el Senado, señalando el incremento de casos de usurpación y allanamiento de morada en el país, con Cataluña como la comunidad autónoma más afectada. Según la propuesta, “pese a que desde el Gobierno lo cataloguen como ‘bulo’ o ‘desinformación’, nuestro país tiene un problema con los okupas mientras las medidas que llegan desde el Gobierno siguen siendo insuficientes”.

En 2024, el Ministerio del Interior ha contabilizado 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, lo que representa un aumento del 7,4% respecto al año anterior y constituye la tercera cifra más alta desde que existen registros oficiales. Cataluña concentra el 42% de los casos, con 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451). El Partido Popular insiste en que la ocupación de un inmueble “supone una agresión ilegítima a los derechos del propietario” y sostiene que “puede ser repelida por la fuerza, expulsando a los okupantes”.

Un precedente judicial que refuerza la propuesta popular

La propuesta de reforma se apoya en un precedente judicial reciente: en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona ha avalado que los titulares de fincas “no tienen obligación de mantener el alta de los suministros de dicho inmueble” y que su corte “en una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones”. El PP espera que este criterio se extienda al resto de territorios y juzgados, pero mientras tanto, pretende despejar cualquier duda mediante una modificación directa del Código Penal.

El objetivo de los populares es que los propietarios no tengan que seguir asumiendo el coste de los suministros en viviendas okupadas para evitar incurrir en un delito de coacciones. Hasta ahora, si la ocupación se consolidaba y el inmueble se constituía en domicilio de los okupantes, privarles de servicios esenciales podía considerarse una vulneración de sus derechos fundamentales.

El Ejecutivo, por su parte, minimiza la gravedad del fenómeno. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha relativizado la alarma social en declaraciones a La Sexta Columna: “¿Usted se cree que si de verdad hubiera un problema de okupación las aseguradoras nos regalarían el seguro antiokupa con el seguro del coche? Hay más riesgo en perder el móvil que de que te okupen la casa, por eso nunca te regalan el seguro del móvil”.

La propuesta de ley será debatida y votada en el Senado este miércoles, día 19, y, dada la mayoría absoluta del PP, todo apunta a que recibirá el visto bueno. Posteriormente, deberá ser refrendada en el Congreso, donde los votos de Junts o el PNV pueden resultar decisivos ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.