La Audiencia Nacional ha ordenado investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por vender acero sin autorización a la empresa Israel Military Industries (IMI). Según informa Europa Press, el juez Francisco de Jorge encuentra indicios de delitos de contrabando y de lesa humanidad o genocidio relacionados con esta operación comercial con una compañía armamentística de Israel.
No solo se investiga al presidente de Sidenor, también se está recabando información de otros dos directivos de la compañía. Según la Audiencia Nacional, existen indicios de que los responsables eran conscientes de que el destino del acero vendido era un fabricante de armamento y conocían el uso final del material en la producción de armas. Tendrán que declarar el próximo 12 de noviembre.
Además, como recoge la agencia, el juez ha señalado que la venta se habría llevado a cabo sin contar con la autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente. El magistrado se basa en un informe de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre. El proceso legal inició a partir de una denuncia de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
Investigan al presidente pero no a la empresa
El juez de la Audiencia Nacional considera que los ataques en Gaza son conocidos públicamente, basándose en la cobertura de los medios y las denuncias y discursos de organismos como el Tribunal Penal Internacional y la ONU. Por ello, entiende que el conocimiento sobre el resultado de realizar esta venta era suficiente para no realizarlo.
En la investigación, señala también como responsable a la empresa Clerbil SL, administradora única de Sidenor Holdings Europa, pero excluye por ahora a Sidenor Aceros Especiales SLU. A pesar de que su presidente sea investigado, la empresa queda libre de indagaciones por el “papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva”.
De esta forma, los empleados habrían tratado de evitar estas operaciones y habrían formado parte del proceso de investigación y denuncia para llegar hasta la Audiencia Nacional. Por tanto, hasta el momento, no habría más implicados que José Antonio Jainaga y los dos directivos añadidos al proceso.
Embargo de armas a Israel
A principios de mes, Pedro Sánchez anunció una serie de medidas para frenar el “genocidio” en Gaza, recogidas en un real decreto-ley que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros. El texto incluye la prohibición de exportar armas y material de doble uso a Israel, así como su importación desde ese país.
Otra de las medidas relevantes es la restricción al sobrevuelo del espacio aéreo español para aeronaves que lleven material militar con origen o destino en Israel. A pesar de que el Congreso ya validó la norma, el real decreto-ley está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 24 de septiembre.
De esta forma, la compraventa que involucre a Israel tiene encima los ojos de la Justicia. En este caso, al tratarse de una empresa de armas, las posibilidades de realizar negocios con ella son casi nulas. Además, los fines demostrados del acero vendido, empleado para armas ligeras y pesadas, provocan el presunto crimen de lesa humanidad.
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