
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado a favor del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en las sanciones impuestas a siete empresas por anunciar bajadas de precios de manera engañosa durante las rebajas del Black Friday, celebradas todos los años a finales de noviembre.
Según ha informado la cartera dirigida por Pablo Bustinduy, el TSJM se ha pronunciado ante los recursos presentados por una de las siete empresas sancionada por llevar a cabo esta práctica ilegal. En concreto, la compañía solicitó medidas cautelares para no tener que hacer frente a la sanción mientras se resuelve su recurso, pero el Tribunal desestimó esta petición en dos autos y, a parte de prohibirle que siga llevando a cabo estas prácticas engañosas, la obligó a depositar un aval de 110.000 euros por la multa económica.
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“De esta manera, y como ya ocurriera con la retirada de anuncios ilegales en Airbnb, la justicia vuelve a respaldar las actuaciones del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en materia de protección a los consumidores ante prácticas abusivas”, señalan desde la Administración. En concreto, las falsas rebajas consistieron en que las empresas sancionadas subieron los precios de varios productos semanas antes de que comenzara el Black Friday para luego poder bajarlos, alcanzando el precio original, y ofertarlos como si tuviesen un descuento que era inexistente.
Qué dice la Ley de Ordenación del Comercio Minorista
Desde Consumo advierten de que este tipo de prácticas suponen un incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que estipula que, a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe indicar -en las prendas normalmente en la etiqueta- como precio de referencia el menor de ese producto durante los 30 días anteriores al descuento. Así, tres de la siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recursos. “Las cuatro empresas restantes no han admitido la culpa, lo que ha supuesto que sus sanciones sean más elevadas”, señaló el Ministerio.
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Las sanciones que impuso el Ministerio de Consumo, que en su conjunto se acercaron a los 350.000 euros, corresponden a falsas rebajas llevadas a cabo en el año 2023 por empresas que comercializan de forma online sus productos y que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies también de manera física, como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética.
Para detectar estos fraudes, la Dirección General de Consumo monitoreó cientos de productos durante la temporada de Black Friday de 2023, con la herramienta Price reduction tool, desarrollada por la Comisión Europea y que permite detectar en tiempo real este tipo de prácticas engañosas. Por ejemplo, los investigadores denunciaron que, entre el 18 y el 19 de noviembre, se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 euros pero, posteriormente, el 20 de noviembre, el precio de estas zapatillas subió hasta alcanzar los 48,95 euros. Una vez llegado el 24 de noviembre, con el Black Friday iniciado, se volvió a bajar su precio hasta los 29,99 euros, simulando un descuento inexistente.
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