El PP ha vuelto a caer en la trampa de Vox con el aborto, y el Gobierno ha aprovechado las contradicciones de los de Feijóo para imponer la iniciativa política en un tema que desde Génova evitan situar en la agenda.
Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución, dos días después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase una medida a proposición de Vox que obliga a las mujeres que deseen abortar a recibir información sobre un supuesto síndrome postaborto, que carece de evidencia científica. “El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres”, escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en X.
Almeida, que gobierna con una tranquila mayoría absoluta, decidió aceptar la iniciativa de Vox, un partido reconocido como antiabortista. Pese a las dudas y la incomodidad de los populares con este asunto, del que históricamente nunca han expresado una posición unánime en cuestiones morales, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avaló a su alcalde, alegando que “la información nunca es un problema”.
Pero esta posición duraría apenas 24 horas, después de que la dirección Nacional tuviese que rectificar cuando los expertos académicos —y después el propio edil madrileño— señalaron que el síndrome postaborto “no es una categoría científica reconocida”, tal y como afirmaban Almeida y Vox en la exposición de la medida.
El Gobierno, consciente de los bandazos del PP, ha querido hurgar en la herida, registrando la medida como un procedimiento ordinario, que obligará al PP a posicionarse claramente sobre este asunto, ya que requiere el apoyo de una mayoría de tres quintos en la Cámara Baja.
Y a las divisiones del PP se añade la presión en las encuestas, marcadas por un auge del partido de Abascal, que ha obligado a los de Feijóo a endurecer su discurso hasta el punto de hacer acopio de un ideario propio de la ultraderecha.
Desde Génova han vuelto a optar por la táctica ya recurrida por Feijóo de esquivar el melón del aborto con la misma frase con la que evitan un posicionamiento claro sobre Israel: no apoyarán la medida porque se trata de “otra cortina de humo” de Sánchez para “tapar su corrupción”. “No le voy a comprar la película a Sánchez. Esto es una cortina más, el derecho al aborto existe en España y está naturalizado en la sociedad”, ha señalado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo.
Latidos del feto y ecografías 4D
No es la primera vez que el PP encaja un gol de Vox en este asunto. En 2023, la alianza entre ambos partidos en Castilla y León derivó en la propuesta de una serie de medidas denominadas “provida”, entre las que destacaba la posibilidad de que las mujeres que optaran por interrumpir su embarazo escucharan el latido fetal y recibieran una ecografía 4D. Estas iniciativas, promovidas por Santiago Abascal y su formación, generaron un enfrentamiento directo con el PP respecto a la obligatoriedad de su aplicación.
La reacción del Gobierno central no se hizo esperar y remitió un requerimiento al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco para que reconsiderara la puesta en marcha de estas medidas. Si bien nunca salió adelante, principalmente porque se metió en el cajón al salir Vox del Gobierno autonómico, desde el partido de Feijóo nunca hubo un rechazo firme a esta iniciativa.
En ese mismo año, el líder del PP afirmó que el aborto no es un “derecho fundamental”, pero sí defendió el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente.
En el último Congreso Nacional, Feijóo evitó hacer mención alguna al aborto en su hoja de ruta. Tras cuatro décadas de bandazos, los populares han asumido de facto la ley de plazos avalada por el Tribunal Constitucional y centran ahora el foco en facilitar la maternidad, promoviendo, por ejemplo, el apoyo a la congelación de óvulos o el reconocimiento del “concebido no nacido” para acceder a beneficios familiares.
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