El ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes ha cifrado en apenas 29 magistrados la participación en la huelga que diversas asociaciones de jueces y fiscales convocaron el pasado 1, 2 y 3 julio y calificaron de “histórica”. Justicia desmonta así la cifra de seguimiento aportada por los huelguistas, que estimaron una participación media del 75% durante los tres días de paro.
La cartera que encabeza el socialista Félix Bolaños ha afirmado que la huelga fue comunicada por un juez de un total de 6.259, que informó directamente a las gerencias territoriales del ministerio; y de 28 fiscales de 3.185, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado. De acuerdo al balance, 19 profesionales lo secundaron los tres días, uno lo secundó dos y ocho lo secundaron tan una jornada. Hubo un segundo juez que informó de que también secundaría el paro, pero el ministerio asegura que este cumplió los servicios mínimos.
Las asociaciones protestaron contra las reformas del acceso a las carreras judiciales y de la Fiscalía al entender que “atentan contra la independencia judicial” y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son “imprescindibles” para modernizar la administración de justicia. El Poder Judicial acordó por unanimidad que la huelga de jueces y fiscales no contaba con sustento legal y por ello no se reconoció la convocatoria.
Justicia ha recordado que el derecho a huelga “implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora”. Uno de ellos, apunta, es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador (en este caso el ministerio de Justicia), ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período. Con esto, Justicia ha anunciado que ya ha procedido a deducir los salarios de los huelguistas.
Los convocantes basaron su estimación en correos voluntarios y confidenciales
El paro fue convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Las dos asociaciones que no apoyaron la huelga fueron las progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Las convocantes justificaron su seguimiento en que “esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga”. Durante la primera jornada, basándose en esas mismas comunicaciones voluntarias de los huelguistas a la dirección de correo electrónico habilitada por el comité, las asociaciones cifraron el seguimiento en un 75%, si bien Justicia, a la espera de emitir un balance total, lo cifró en apenas el 28%.
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