Entregan a una familia de Vitoria (País Vasco) los restos de un combatiente de la Guerra Civil exhumados del Valle de Cuelgamuros

El Gobierno de España ha entregado este martes 30 de julio a la familia los restos de Constancio Allende Sancho, localizados en el Valle de Cuelgamuros durante el proceso de exhumaciones promovido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La entrega se ha llevado a cabo en un acto institucional de carácter íntimo celebrado en Vitoria-Gasteiz.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, presidió la entrega de los restos a la nieta del fallecido, Amaia Allende, y reiteró el compromiso del Ejecutivo con la recuperación de los cuerpos enterrados en Cuelgamuros: “El Gobierno sigue comprometido con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros de todas las víctimas cuyos familiares lo demanden. Es un deber de Memoria y una obligación del Estado democrático”.

El acto contó también con la participación de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia; el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco, Gogora, Alberto Alonso; y el director del equipo técnico forense responsable de las exhumaciones en el Valle, Francisco Etxeberria.

Un proceso forense tras décadas de traslado no autorizado

Constancio Allende Sancho nació el 19 de septiembre de 1904 en Vallarta de Bureba (Burgos). Hijo de Valentín Allende y Jacinta Sancho, se trasladó en su juventud a Vitoria-Gasteiz, donde contrajo matrimonio con Gertrudis Elguea y Sáez de Vicuña, natural de Adana (Álava), y trabajó como obrero.

Durante la Guerra Civil fue reclutado de manera obligatoria y combatió en las filas de la Falange, previsiblemente en la 1ª Centuria. Falleció el 2 de noviembre de 1936, a los 32 años, durante una acción militar en la provincia de Guadalajara.

Los trabajos de investigación realizados por el equipo forense, liderado por el profesor Etxeberria, han permitido identificar sus restos. El informe indica que el cuerpo fue trasladado desde algún punto de la provincia de Guadalajara, aunque no ha sido posible determinar con precisión de cuál de los seis cementerios existentes en la zona procedía. Los restos ingresaron en el Valle de Cuelgamuros el 26 de mayo de 1959, sin que existiera consentimiento por parte de los familiares.

Aplicación de la Ley de Memoria Democrática

La entrega de los restos de Constancio Allende se enmarca en el programa de exhumaciones previsto en la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022. Esta legislación contempla el desarrollo de actuaciones destinadas a la localización, identificación y restitución de los restos de personas fallecidas durante la Guerra Civil y el franquismo que fueron enterradas en fosas comunes o trasladadas a instalaciones como el Valle de Cuelgamuros.

El objetivo del programa es ofrecer a las familias la posibilidad de recuperar a sus allegados y decidir su destino final. El Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su intención de continuar con estas tareas mientras existan solicitudes formales por parte de los descendientes.

El proceso incluye análisis forenses, localización de registros documentales, contrastes genéticos y colaboración institucional entre administraciones públicas y asociaciones de memoria histórica. En este caso, el trabajo ha sido coordinado entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Instituto Gogora y el equipo técnico forense dirigido por Etxeberria.

El ahora Valle de Cuelgamuros

El Valle de Cuelgamuros —antiguamente conocido como Valle de los Caídos— fue concebido durante el franquismo como monumento conmemorativo y alberga los restos de más de 33.000 personas de ambos bandos del conflicto, muchas de ellas trasladadas sin autorización familiar. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se han iniciado tareas para resignificar el espacio, retirar símbolos de exaltación del régimen franquista y atender las solicitudes de exhumación.

La recuperación de los restos de Constancio Allende representa una más entre las actuaciones previstas en este marco legal. Según datos del Ministerio, se están tramitando más peticiones de familias cuyos allegados fueron enterrados en el enclave sin su consentimiento y que desean su traslado a cementerios familiares o lugares elegidos por los descendientes.