El grupo sindicalista conocido como ‘Las seis de la Suiza’, condenado a tres años y medio de prisión por coacciones y obstrucción a la justicia en el marco de un conflicto laboral en Gijón, ha sido clasificado en tercer grado penitenciario apenas una semana después de su ingreso voluntario en el Centro Penitenciario de Asturias.
Esta medida les permitirá cumplir el resto de la condena en régimen abierto, saliendo durante el día y acudiendo a dormir al centro, con posibilidad de pasar los fines de semana fuera.
La noticia ha sido confirmada por fuentes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del colectivo de apoyo Grupu sofitu 6 de la Suiza: “Las compañeras de Las seis de la Suiza han sido clasificadas en tercer grado penitenciario en aplicación del artículo 72 de la LOGP y 102.4 del RP”, señaló CNT en un comunicado. “Seguimos, como hemos hecho desde el primer día, exigiendo la libertad de las compañeras condenadas por hacer sindicalismo”.
Una campaña de presión tras un conflicto laboral
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja de una trabajadora de la pastelería La Suiza, en Gijón, protagonizó un altercado con el empresario, lo que dio lugar a una denuncia por amenazas y daños.
La trabajadora dejó su empleo tras la apertura de juicio oral contra su pareja y, en contacto con la CNT, inició junto a otras personas una campaña de protesta frente al local.
Según la sentencia, durante varios meses se organizaron concentraciones, se repartieron panfletos y se difundió un vídeo en el que se acusaba al empresario de acoso laboral y sexual.
El Tribunal Supremo consideró que estas acciones constituyeron una presión “constante, reiterada y desproporcionada” que llevó al cierre del establecimiento. En 2023, el alto tribunal ratificó penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, además del pago de 150.000 euros en concepto de indemnización al empresario.
Posible indulto
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió el pasado viernes en Oviedo con las seis personas condenadas y reafirmó su compromiso con el indulto. “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”, declaró a EFE. En su cuenta de BlueSky añadió que ya está trabajando “en el seno del Gobierno para que sean indultadas cuanto antes”.
Por su parte, el Ejecutivo del Principado de Asturias también ha expresado formalmente su respaldo a la medida de gracia. Diversas formaciones políticas (PSOE, IU, Podemos, Sumar o EH Bildu) han manifestado su apoyo público a las sindicalistas, sumándose a la petición de indulto.
Criminalización de la protesta
Desde el entorno sindical, la concesión del tercer grado ha sido recibida con alivio, aunque sin ocultar la preocupación por el precedente judicial que sienta el caso. El colectivo Grupu sofitu 6 de la Suiza ha reclamado “una solución política” que permita “la libertad plena” de las condenadas, insistiendo en que la semilibertad no resuelve el fondo del conflicto.
No obstante, para el Tribunal Supremo, la actuación de las acusadas superó los márgenes legales del derecho a la protesta. Para los colectivos sindicales, en cambio, la condena representa un riesgo para el ejercicio de derechos fundamentales.
Mientras continúa la tramitación del indulto, las seis personas condenadas permanecerán en régimen de semilibertad.
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