El caso de ‘Las seis de la Suiza’, las sindicalistas de CNT a punto de entrar en prisión por “defender a una empleada que sufrió acoso”

Tras varios años de batalla judicial, la posibilidad de que entren en prisión las seis sindicalistas vinculadas a la CNT condenadas por protestar frente a la pastelería La Suiza, en Gijón, en defensa de una trabajadora embarazada, es más real que nunca. A principios de mes, un juzgado descartó la suspensión de sus condenas a tres años y medio por coacciones al propietario del establecimiento. Una decisión judicial que se produjo pese a la opinión favorable de la Fiscalía para suspenderlas y a pesar del apoyo de diversos partidos políticos, sindicatos y organizaciones que han solicitado su indulto y han calificado la orden de encarcelamiento como “un ataque a la libertad sindical y la protesta social”.

“Consideramos que esta sentencia es un ataque frontal al derecho fundamental de huelga y a la legítima acción sindical. Criminaliza la protesta social y la defensa de los derechos laborales, abriendo una peligrosa puerta a la represión de la disidencia y la libertad de expresión”, señalan desde el sindicato, que defiende que “hacer sindicalismo no es delito”.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, sostiene que los propietarios de la pastelería se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones. Sin embargo, desde CNT recuerdan que el negocio ya estaba en venta un año antes de que empezara el conflicto con la extrabajadora, que había denunciado acoso y explotación laboral, por lo que el cierre “no puede atribuirse exclusivamente a las movilizaciones sindicales”.

El magistrado también denegó la suspensión de las penas al considerar que las condenadas “no mostraron arrepentimiento” ni afrontaron de manera personal el pago de la indemnización que debían abonar por los daños ocasionados.

Las seis mujeres habían agotado ya todas las vías judiciales para evitar una condena que fue ratificada el pasado año por el Tribunal Supremo: penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería, según informó la agencia EFE.

“Discriminación de género”

“Este es un claro ejemplo de criminalización de la protesta en la hostelería, donde no suelen darse este tipo de movilizaciones en Asturias, como por ejemplo sí se ven en el sector del metal o el minero, que han sido históricamente más combativos, y eso para la patronal es imperdonable. Además, eran mujeres las que reclamaban estos derechos laborales”, dice a Infobae España Álvaro del Río, secretario general de CNT Asturias. Y es que el sindicato argumenta que existe un componente de discriminación de género en las decisiones judiciales adoptadas y en la severidad de las condenas impuestas.

CNT también considera “llamativo” que el Juzgado de lo Penal haya rechazado la suspensión de las penas a las condenadas “aun cuando cumplen con los requisitos habituales en este tipo de situaciones, como la ausencia de antecedentes penales o la responsabilidad sobre personas a su cargo”, pues algunas son madres en la actualidad.

El sindicato también rechaza que la realización de piquetes o campañas de acción sindical puedan considerarse coacciones graves, pues, a su juicio, se trata de actuaciones de una estrategia de presión legítima “orientada a facilitar la negociación con la empresa”, precisamente con el objetivo de evitar la vía judicial.

Ocurrió en 2016

Los hechos se remontan a 2016, cuando la pareja sentimental de la empleada, que estaba embarazada, se presentó en La Suiza y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local. A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con CNT, que decidió iniciar concentraciones frente a la pastelería para visibilizar las condiciones de “acoso y explotación laboral” que esta denunciaba.

Según el relato de los hechos, las condenadas “incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión” hacia el empresario después de este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra su pareja, recoge EFE. Las concentraciones terminaron cuando el empleador cerró el negocio, por lo que el Supremo consideró que fue “la consecuencia directa de la presión” de esas protestas.

Manifestación en Gijón el 29 de junio

Tras ocho años de batalla judicial, tanto CNT como una veintena de organizaciones —que incluyen a sindicatos como CGT, CCOO, UGT y al Colectivo de Trabajadores— piden el indulto de las afectadas, de forma que “el Gobierno sea coherente con sus declaraciones”, y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación del próximo domingo día 29 en Gijón en defensa de la acción sindical y en apoyo de las seis condenadas.

Bajo el lema ‘Seis de La Suiza Llibertá’, la manifestación partirá a las 12.30 horas del paseo de Begoña para recorrer diversas calles de la ciudad hasta llegar al Palacio de Justicia.