
Una conversación grabada sin autorización entre un empleado y la responsable de Recursos Humanos ha resultado en una indemnización de 10.000 euros para el trabajador, tras considerarse improcedente su despido.
La decisión de la Comisión de Relaciones Laborales (WRC) establece que Thomas Delaney, quien trabajó más de ocho años en NSP Expert Lab Solutions, fue cesado sin las debidas garantías después de que la dirección recibiera una grabación suya manifestando “frustraciones” durante una baja por estrés, según ha informado The Irish Times.
Grabación privada y despido inmediato
El despido se produjo en mayo de 2024, cerca de tres meses después de la conversación telefónica determinante. Delaney, que percibía un salario de 56.000 euros anuales, señaló ante el tribunal laboral que la llamada con la responsable de RRHH, mantenida en febrero, debía ser confidencial y que jamás autorizó que se grabara ni que se difundiera. Sólo cuando el director ejecutivo escuchó el audio, le comunicaron su despido en apenas 24 horas.
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“La grabación se realizó en febrero, pero no se envió al director general hasta mayo”, explicó Delaney, quien se representó a sí mismo ante la WRC en la audiencia celebrada en agosto de 2024.
Según denunció, el proceso disciplinario de la empresa fue “defectuoso”, se basó en “supuestos” y careció por completo de “transparencia”. Insistió en que no le permitieron “ninguna oportunidad de responder a las acusaciones” y tampoco pudo acceder a la transcripción de la conversación en la que se fundamentó el despido. A su juicio, la sanción impuesta resultó “desproporcionada”.
Procedimiento sin garantías
Desde la conversación grabada y hasta su despido, Delaney detectó “parcialidad” en el trato de la responsable de recursos humanos. Cuando el director ejecutivo escuchó el audio, fue convocado a la oficina, donde se le leyó la carta de despido por falta grave, entregó el portátil, el móvil, la tarjeta de empresa y las llaves del coche corporativo, y le enviaron a casa en taxi.
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El abogado de la empresa, Malachy Kearney, defendió que el proceder de la compañía se ajustó a la normativa interna. “El manual de la compañía prevé la posibilidad de omitir cualquier fase del proceso disciplinario si la gravedad de la acción lo justifica”, expuso ante la WRC, según recoge The Irish Times.
El letrado sostuvo que la grabación constituía una “denuncia protegida” por parte de una trabajadora y que en dicha conversación Delaney incurrió en hechos considerados “falta grave”, justificando así el cese inmediato. Para la empresa, la relación laboral era “irreparable” y la rescisión, inevitable.
Fallos en la investigación y resolución
El árbitro de la WRC, Conor Stokes, detectó la ausencia de testimonios por parte de la empresa y destacó que Delaney “no participó en la investigación ni en el procedimiento disciplinario”. Stokes subrayó que el trabajador fue citado únicamente para escuchar la decisión, sin posibilidad de responder ni de presentar alegaciones: “Fue privado de una resolución justa e imparcial de los hechos”, recoge la resolución referida por The Irish Times.
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Indemnización por pérdida de ingresos
A la hora de calcular la compensación, el tribunal evaluó la pérdida de ingresos de Delaney, estimada en 1.085 euros brutos semanales durante las catorce semanas transcurridas entre el despido y la audiencia. Aunque no se presentaron pruebas de búsqueda activa de empleo en ese tiempo, el árbitro consideró justa “una indemnización de 10.000 euros en concepto de pérdida de ingresos”.
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