Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Los equipos de rescate continuan este lunes las labores de búsqueda de restos humanos en la zona del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, mientras los forenses han logrado identificar ya a 66 de los 69 fallecidos en el siniestro ocurrido el pasado miércoles. El balance provisional de víctimas mortales se mantiene en 69, según informó este domingo por la noche el Centro Integrado de Datos (CID). El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará el martes al Consejo de Ministros un informe sobre la investigación del accidente ferroviario de Urda, y después comparecerá en la Comisión Permanente del Congreso, donde los grupos de la oposición y socios del Gobierno reclamarán su dimisión.

De las 66 personas identificadas, 54 tienen nacionalidad española. Las 12 restantes corresponden a ciudadanos extranjeros: cuatro estadounidenses, y un fallecido de cada una de las siguientes nacionalidades: argentina, canadiense, checa, francesa, japonesa, mexicana, portuguesa y tunecina. Las autoridades esperan completar en las próximas horas la identificación de las tres víctimas restantes, de nacionalidad extranjera, cuyas familias ya fueron localizadas y viajan a España para realizar personalmente los trámites.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real lidera estas tareas junto con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, en el marco del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Del total de identificaciones, 53 se realizaron mediante huella dactilar y las 13 restantes por análisis de ADN, a cargo del Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con la Guardia Civil.

Hasta el momento, 60 de las identificaciones ya fueron notificadas a las familias, 36 correspondientes a hombres y 24 a mujeres. El CID explicó que el procedimiento exige primero la notificación personal y presencial a los familiares antes de incorporar el caso a la estadística oficial, por lo que las seis identificaciones restantes se comunicarán “con la mayor celeridad posible”. De los 69 fallecidos, 47 ya están a disposición de sus familiares.

El organismo mantiene además activas tres denuncias por desaparición, correspondientes a dos ciudadanos australianos y uno japonés. Más de 60 profesionales trabajan de forma ininterrumpida desde el miércoles en las labores de autopsia e identificación, entre ellos 12 médicos forenses del instituto de Toledo, cuatro de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Guardia Civil retira vagones para facilitar la búsqueda

En paralelo, la Guardia Civil mantiene desplegado su dispositivo en la zona cero del accidente, donde avanza el traslado de los vagones siniestrados a un área segura para facilitar la búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos. Según indicó el portavoz del instituto armado, Pedro Pablo Garrido, cuatro días después del siniestro se habían retirado de la vía tres vagones del tren Iryo y dos del AVE, aunque todos permanecen “en los laterales de la vía”, dentro del perímetro del lugar del accidente.

El dispositivo, que opera con vigilancia ininterrumpida, incluye efectivos del Servicio Cinológico, unidades de drones y contradrones del Servicio Aéreo, agentes de Policía Judicial, la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana encargadas de garantizar el control del perímetro. La jueza que instruye la causa, titular del Tribunal de Instancia de Orgaz, reclamó el fin de semana que se intensifiquen los trabajos sobre el terreno, con más operarios y actividad continua durante la noche.

La investigación apunta a un fallo en el centro de control de Atocha

El accidente, que se ha convertido en el más grave de la historia de la alta velocidad en España, se produjo cuando un AVE de Renfe colisionó por detrás con un tren Iryo que permanecía detenido en la vía. La investigación se centra ahora en una caída del sistema de seguridad LZB y en la orden de reiniciar la “marcha normal” que se transmitió desde el centro de control de Atocha, cuando el protocolo preveía “marcha a la vista” ante ese tipo de falla.

Según estimaciones preliminares de la AITAT, el AVE circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora (99 a 124 millas por hora) en el momento del impacto, cifra que deberá confirmarse con el análisis de las cajas negras de ambos trenes. El siniestro dejó un total de 538 pasajeros involucrados y más de 200 heridos, de los cuales 31 permanecían hospitalizados en Castilla-La Mancha hasta este domingo, 13 de ellos en unidades de cuidados intensivos.