La asociación de la Guardia Civil Jucil ha formalizado una solicitud ante la Dirección General de la Guardia Civil para obtener un diagnóstico detallado sobre el estado actual de los edificios y acuartelamientos utilizados por los agentes en toda España. Según informó JUCIL en una nota de prensa, esta petición responde a la preocupación detectada por el “grave deterioro” de muchas de estas infraestructuras, tras observar la insuficiencia de inversiones en mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
El escrito, firmado por el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, recalca que la situación afecta de manera directa tanto a la seguridad de los efectivos como a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. La organización quiere una “radiografía completa” del parque inmobiliario de la Guardia Civil que incluya el número total de instalaciones en funcionamiento, año de construcción, tipo (puestos ordinarios, comandancias, especialidades, etc.), estado de conservación y la fecha de las últimas inspecciones técnicas practicadas.
Jucil también exige conocer información relativa a los acuartelamientos cerrados en la última década, solicitando los motivos de cada clausura, ya sea por deterioro, reestructuración operativa o escasez de personal. Además, la entidad solicita acceso a cualquier plan actual de reforma, traslado o cierre de instalaciones del Instituto Armado.
Entre los casos que considera más alarmantes, JUCIL pone el foco en provincias como Toledo, en la que se ha comenzado la demolición de varios bloques tras años de degradación estructural y el desalojo urgente de las familias residentes. En Intxaurrondo (Guipúzcoa) se han registrado quejas reiteradas por deficiencias graves de habitabilidad, mientras que en Cartagena el cuartel, tras su derrumbe, se reconstruye con menos pabellones para familias, lo que genera complicaciones de alojamiento.
La nota de JUCIL, citada por la asociación, señala otros emplazamientos especialmente afectados: Antequera (Málaga), donde el estado ruinoso del cuartel ha provocado desprendimientos de cornisas que han caído sobre vehículos sin provocar heridos; Bande (Orense), cuyas instalaciones están cerca de ser declaradas en ruina; y en Asturias, los acuartelamientos de Noreña y Avilés presentan un nivel similar de deterioro, a pesar de obras parciales en el primero que no solucionan el problema de fondo.
Otros acuartelamientos afectados
La problemática alcanza además a localidades como Irún (Guipúzcoa), Rollán y Villavieja (Salamanca), y otras demarcaciones donde se identifican deficiencias estructurales significativas. La asociación denuncia que estas situaciones vulneran las obligaciones recogidas en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) y la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre otras normativas. Recuerda además que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es obligatoria en construcciones antiguas o con incidencias, aunque sea de competencia autonómica o local.
Jucil recuerda que muchos de estos inmuebles incluyen viviendas oficiales donde residen agentes y sus familias, en especial en zonas rurales o de difícil acceso, y que el deterioro de las instalaciones incide directamente en el bienestar y la dignidad de los ocupantes, además de afectar al normal desarrollo del servicio público.
Además, la asociación subraya que la “modernización de los edificios y el cumplimiento de las normativas de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética e higiene no son opcionales, sino un deber legal y moral para con los profesionales que los ocupan”. Añade que la falta de mantenimiento compromete tanto la dignidad de los trabajadores como la operatividad de la Guardia Civil en el país.
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