En 2023 el Gobierno concedió un total de once indultos a propuesta del Ministerio de Justicia, un mínimo en la serie histórica de esta medida de gracia que cada vez es menos utilizada y que experimentó un repunte en 2021, con los condenados por el “procés”.
En el primer trimestre de aquel año, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo firmó 41 indultos, casi el doble que en el semestre previo, y entre ellos se encontraban los nueve líderes independentistas catalanes presos por sedición y malversación. Pocas semanas después, Campo salía del Gobierno de Pedro Sánchez, quien lo rescató año y medio después para ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
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La llegada de Pilar Llop al Ministerio de Justicia se tradujo en una reducción drástica de los indultos: concedió cinco en el segundo semestre de 2021, dieciséis en todo 2022 y solo once el año pasado. Seis de los once, siguiendo la tradición, respondieron a peticiones de diversas cofradías con motivo de la Semana Santa.
La tendencia a la baja en la concesión de indultos es clara desde principios de este siglo: de los 1.744 del año 2000, según un estudio realizado por la Fundación Civio, se pasó a 501 en 2012, y desde 2014 se sitúan por debajo del centenar. Se otorgan menos del 1 % de los que se solicitan, pero ninguno de los dos grandes partidos ha propuesto acabar con esta figura decimonónica que sigue regida por una ley de 1870.
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Las propuestas para reformar la ley no han prosperado
Antes de llegar al Gobierno, el PSOE impulsó una proposición de ley para excluir a los condenados por corrupción o violencia de género de la posibilidad de un indulto y, en un primer momento, la iniciativa recibió un apoyo unánime en el Congreso.
Pero el PP pidió dejar fuera también los delitos de rebelión y sedición, por los que estaban procesados entonces los principales líderes independentistas catalanes, y el acuerdo fue imposible.
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La reforma quedó finalmente en papel mojado. Varios juristas que comparecieron en el Congreso para analizarla se mostraron contrarios a fijar un listado de delitos excluidos de esa medida de gracia, aunque coincidieron en la necesidad de que el Gobierno los motive de forma amplia y razonada, algo que ahora no ocurre.
En defensa del indulto expusieron argumentos diversos, como la necesidad de atemperar por razones humanitarias el excesivo rigor de determinadas penas que los tribunales están obligados a imponer, de evitar el encarnizamiento punitivo o de favorecer la reinserción social.
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