En medio de una fuerte escalada en los precios de la vivienda, la Asociación Suiza de Inquilinos (Asloca) ha dado un paso decisivo con una ambiciosa iniciativa. Desde principios de junio, la agrupación lidera una campaña de recogida de firmas con el objetivo de llevar a consulta nacional una propuesta para imponer controles estatales sistemáticos a los alquileres y limitar la rentabilidad de los propietarios a un margen más moderado, que se calcularía sobre los costes reales de mantenimiento.
La iniciativa de la Asloca exige la revisión automática de los alquileres por parte del estado, pues actualmente si un arrendatario no impugna el importe, este queda “legalizado” aunque supere los márgenes fijados por la ley, además de prohibir que los propietarios fijen libremente los precios para maximizar beneficios.
La plataforma de Asloca sostiene que los inquilinos en Suiza abonan cada año hasta 10.000 millones de francos suizos en sobrecostes a causa de alquileres calificados como excesivos. Este diagnóstico, sin embargo, es puesto en duda por las organizaciones de propietarios y otros actores del sector inmobiliario, que acusan a la asociación de manejar cifras “fantasiosas” y alertan de severas consecuencias administrativas y económicas.
La fórmula se ha probado en Ginebra
La propuesta de Asloca, según informó 24 Heures busca replicar y expandir modelos de regulación ya presentes en cantones como Ginebra, donde desde hace más de cuarenta años se aplica una ley que exige autorización para renovaciones, transformaciones o demoliciones de viviendas, junto con la presentación obligatoria de la financiación y el precio regulado del alquiler. Tal control se mantiene entre tres y cinco años tras una reforma, hasta que la vivienda vuelve al mercado libre y el propietario puede fijar el coste de alquiler en función del mercado y el barrio, normalmente tras un cambio de inquilino.
Las diferencias de precios resultantes han causado debate. En Ginebra, por ejemplo, un apartamento de tres habitaciones y 80 metros cuadrados puede costar en promedio 1.860 francos mensuales para inquilinos que ya lleven un tiempo viviendo en él, mientras que para nuevos arrendatarios asciende a 2.480 francos, una diferencia más acentuada que en otras ciudades como Lausana, Basilea o Zúrich. Según señala el medio, el mercado ginebrino presenta una estructura de doble velocidad, con condiciones muy desiguales entre antiguos y nuevos moradores, de acuerdo con Fredy Hasenmaile, economista jefe del banco Raiffeisen. Según sus datos, en Ginebra los inquilinos permanecen en promedio casi catorce años en su vivienda, frente a apenas nueve en Zúrich.
Opiniones dispares sobre la eficacia del modelo
El modelo de Ginebra ha recibido críticas recurrentes, principalmente desde el sector de los propietarios, quienes argumentan que la regulación “frena la inversión y empeora la calidad del parque inmobiliario”. Para respaldar su posición, la Asociación Suiza de Propietarios cita un informe de Wüest Partner que otorga a Ginebra una calificación promedio de 3,3 sobre 5 en calidad constructiva, frente a 3,6 en Zúrich, Basilea y Berna, y 3,2 en Lausana.
No obstante, Carlo Sommaruga, consejero nacional y figura clave en la defensa de la nueva iniciativa, rechaza estos argumentos: “Criticar a Ginebra es un mito. Aquí la rehabilitación es socialmente soportable y no hay desahucios masivos de inquilinos, como en Zúrich”, afirmó a 24Heures. Según el propio Sommaruga, menos de 1.000 inquilinos impugnan cada año el precio de su alquiler, un escaso 0,4% de los 240.000 cambios de vivienda anuales.
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