España registra más de 7.300 desahucios en el primer trimestre de 2025: la mayoría por impago del alquiler

Entre enero y marzo de 2025, 7.334 familias fueron desahuciadas de sus casas por orden judicial en España. Un dato que apenas ha descendido un 1,2% respecto al mismo periodo del año pasado, pero que refleja una realidad social enquistada: el desahucio sigue siendo una amenaza cotidiana para muchas personas vulnerables.

La estadística publicada este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma que el impago del alquiler es, con diferencia, la principal causa de los lanzamientos. Representa siete de cada diez casos. Y aunque las ejecuciones hipotecarias han descendido, los procedimientos por impago de renta siguen creciendo, un 3,7% más que en 2024.

5.644 de los desahucios del primer trimestre fueron consecuencia de procedimientos amparados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En otras palabras: familias que no pudieron pagar el alquiler y fueron desalojadas. Un procedimiento que ha aumentado en los últimos años, en paralelo al encarecimiento sostenido del mercado del alquiler y la escasez de vivienda asequible.

Por otra parte, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias (1.189), es decir, los desalojos por el impago de una hipoteca, continúan disminuyendo, con una caída del 17,9%. Pero el alivio es parcial: los impagos siguen llegando a los tribunales y las ejecuciones hipotecarias iniciadas han aumentado un 8,2%, lo que podría anticipar nuevos desahucios en los próximos meses.

Por volumen, Cataluña sigue siendo la comunidad más golpeada. En este primer trimestre concentró 2.069 lanzamientos judiciales, casi un tercio del total nacional. Le siguen Andalucía (1.125), Comunidad Valenciana (794) y Madrid (702). Solo en Cataluña se produjeron 1.542 desahucios por impago del alquiler y 315 por ejecución hipotecaria.

Medido por habitantes, la tendencia se mantiene: Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia son los territorios con mayor número de lanzamientos por cada 100.000 personas.

Pese a los esfuerzos legislativos de los últimos años para frenar los desahucios -como los límites a las subidas del alquiler o la regulación de grandes tenedores-, los lanzamientos no remiten. El dato positivo de la reducción de los hipotecarios se ve ensombrecido por el aumento sostenido de los arrendamientos impagados. Y la mayoría de ellos afectan a personas sin red de seguridad ni alternativa habitacional.

La mayoría de los desalojos registrados se tramitan a través de los servicios comunes de notificaciones y embargos, que en el primer trimestre recibieron 13.563 solicitudes, un 1,5% más que en 2024. Finalmente, 6.598 acabaron en lanzamiento efectivo.

Otro síntoma del deterioro del acceso a la vivienda es el aumento de los procedimientos por ocupación ilegal. El CGPJ registró 592 juicios verbales posesorios en los tres primeros meses del año, un 5,2% más que el año pasado. Son procedimientos rápidos para recuperar la posesión de una vivienda ocupada cuando el propietario es una persona física, ONG o administración pública.

Cataluña encabeza también esta lista, con 122 casos, seguida por Andalucía (111) y Comunidad Valenciana (72). Aunque las cifras son relativamente bajas, reflejan un fracaso estructural del acceso a la vivienda en nuestro país.

Cada número es una persona, una historia: una madre sola, un pensionista sin apoyo, una familia sin ingresos estables, jóvenes con sueldos precarios. El informe del CGPJ no recoge nombres ni contextos, pero cada lanzamiento tiene un impacto devastador sobre el futuro de las personas afectadas.

Mientras no se refuerce de forma real el parque público de vivienda, ni se garantice el acceso a un alquiler justo para quienes más lo necesitan, los desahucios seguirán siendo una constante en las estadísticas judiciales.