El Gobierno y sus socios sacan adelante la ley para disolver las asociaciones franquistas pese al intento del PP de opacarla desde el Senado

Las asociaciones que hacen apología del franquismo tienen los días contados. Este jueves, el Gobierno y sus socios de investidura han sacado adelante en el Congreso la Ley por el que modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula del derecho de asociación. Se trataba una medida impulsada por el PSOE, que fue aprobada en el Congreso y, posteriormente, pasó por el Senado, donde el Partido Popular había colgado enmiendas que opacaban la finalidad del cambio, que finalmente no han sido aceptadas gracias a la mayoría del Ejecutivo y sus socios en la Cámara Baja.

Así, la Ley reguladora del derecho de asociación añade una disposición adicional quinta que dicta que “con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

Un intento fallido del Partido Popular

En la votación, el PSOE y sus socios han rechazado las enmiendas llegadas del Senado, que solo han contado con el respaldo del PP, Vox y UPN, por lo que la ley ha sido aprobada en su versión original concebida por los socialistas. La proposición de Ley, del Grupo Socialista, fue presentada en septiembre de 2024, acordando la Mesa del Congreso encomendar a la Comisión Constitucional su tramitación. 

El texto se tomó en consideración en octubre de 2024 y fue sometido a debate de totalidad en noviembre de 2024. El dictamen de la Proposición de Ley Orgánica fue aprobado el 25 de marzo, en la Comisión Constitucional por 19 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. Previamente, la Comisión rechazó todas las enmiendas mantenidas al informe de la ponencia. Posteriormente, el 10 de abril el Pleno aprobó el texto y lo remitió al Senado.

Tras su tramitación en la Cámara Alta, donde se aprobaron un conjunto de enmiendas, el texto volvió al Congreso, que las ha rechazado, finalizando así su tramitación. De esta forma, el texto final de la Ley Orgánica, que concuerda con el texto aprobado en la Cámara Baja antes de ser remitido al Senado, está listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor.