Bruselas abre un expediente a España por “imposición discriminatoria” a los extranjeros con una vivienda en la que no residen

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por cómo grava las viviendas de propietarios extranjeros que no residen ellas. Desde Bruselas, han asegurado que la tributación que corresponde a los dueños de otros países de inmuebles en España supone una discriminación fiscal e incumple normas de la Unión Europea.

La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas exigiendo que cambien la legislación del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). El organismo europeo considera que Hacienda realiza retenciones más elevadas por motivos no justificados y que chocan con la idea de libertad de capital.

Esta carta enviada desde la capital belga no es más que el primer paso del procedimiento. Si España realiza las transformaciones necesarias, no habrá más consecuencias. Por el contrario, de negarse a realizar los cambios, la situación desembocaría en un asunto de la Justicia europea.

Dentro de la normativa diseñada en España, el factor que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas es la figura del “contribuyente no residente”, a quienes exigen un impuesto según el valor catastral del inmueble. Este pago no existe para los dueños residentes, de manera que la Comisión Europea ha considerado que se trata de una discriminación.

De esta forma, las personas con una vivienda en la que no residen y no la tienen alquilada, deben declarar una renta equivalente al 2% del valor catastral, o al 1,1% si ese valor ha sido revisado en la última década. Hacienda considera que esos inmuebles generan una ganancia teórica, a pesar de que no den un ingreso directo.

Esta obligación alcanza tanto a residentes en España con una segunda vivienda en la que ni residen ni alquilan, como a los extranjeros, es decir, con un inmueble en el país pero mientras viven en otro. En cualquier caso, la vivienda habitual no está incluida en esta contribución a la Agencia Tributaria.

Bruselas ha sido muy contundente en su comunicado, asegurando que este método de cobro supone una “imposición discriminatoria”. Consideran que no cumple con lo acordado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y con el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

Han explicado que este impuesto no concuerda con artículos de ambos documentos que buscan la libre circulación de trabajadores y de capitales. En su carta han relatado que muchos europeos pueden encontrar un gran obstáculo a la hora de invertir o adquirir una vivienda, rompiendo con la libertad de movimiento económico.

En los últimos meses, la situación fiscal de las segundas viviendas ha sido un tema de debate en el Congreso y a nivel mediático. El Gobierno había apuntado en la dirección de endurecer los impuestos sobre estas viviendas, ante la subida de los precios por la falta de oferta de inmuebles.

Este expediente abierto desde Bruselas eliminará una de las principales distinciones que existían en los impuestos sobre residentes y sobre segundas casas. Por tanto, si el Ejecutivo desea aumentar los impuestos a extranjeros o españoles con segunda vivienda, tendrá que buscar otras fórmulas.