Este centro de la diversidad de los Pirineos era reconocido por su protección de la fauna: en realidad se dedicaba al tráfico internacional de aves protegidas

El Parque de Animales de los Pirineos era hasta ahora un referente en la conservación animal. Fundado en 1999 en Argelès-Gazost, al sur de Francia, el establecimiento recogía a más de 500 animales de 120 especies diferentes en 14 hectáreas de espacio natural. Sin embargo, detrás de sus muros se escondía una red de tráfico de especies protegidas.

Una importante operación judicial francesa ha destapado una enorme red de tráfico de animales en el suroeste del país, que involucra a varios departamentos y numerosos actores, entre ellos el Parque de Animales de los Pirineos y a su creador, Serge Mounard. Según ha explicado Franceinfo, la investigación, iniciada en 2015 tras una denuncia anónima y liderada por la Oficina Natural de Caza y Vida Silvestre (ONCFS, por sus siglas en francés), destapó la participación directa de Serge Mounard y su parque, que durante más de una década aceptó aves provenientes del tráfico ilícito, muchas de ellas especies protegidas, que luego se exhibían al público, generando ingresos para la institución.

Hasta 83.000 euros de beneficio

El entramado delictivo involucraba a proveedores, criadores e intermediarios especializados en la captura, intercambio y venta de especies protegidas. El parque recibía regularmente animales de este circuito, algunos capturados con redes o intercambiados por otros ejemplares. Las técnicas de ocultamiento incluían el corte de anillas y la reutilización de transpondedores de aves fallecidas, con el objetivo de disimular el origen ilegal de los animales.

Serge Mounard admitió los hechos ante las autoridades, que llevaba a cabo “para compensar la mortalidad elevada y la dificultad de obtener ciertas especies legalmente”, afirmó en declaraciones recogidas por Franceinfo.

Entre los implicados también se encuentra Bastien Gaborieau, cuidador del parque, a quien se atribuye un papel central en la legalización fraudulenta de los animales, mediante la implantación de microchips y la falsificación de documentos de identificación, lo que permitía dar una apariencia legal a aves y mamíferos obtenidos ilícitamente. Esta práctica se extendió incluso a mamíferos como las marmotas, cuya venta fraudulenta con destino al extranjero fue documentada por los investigadores.

Uno de los principales sospechosos del caso, identificado como el eje del grupo, habría mantenido en su poder numerosas especies protegidas, entre ellas ruiseñores japoneses, y se le acusa de instalar trampas y organizar intercambios de aves. Se le imputa la posesión de unos 60 pájaros sin autorización, aunque reconoció los hechos y aseguró que no tenía intención de venderlos. Otro implicado, ornitólogo y trampero, actuaba como proveedor y admitió haber realizado capturas prohibidas por encargo, suministrando especies como jilgueros, ruiseñores y pardillos. Se documentaron prácticas como el corte de anillas para ocultar la procedencia de los animales.

El tráfico resultó altamente lucrativo: uno de los acusados habría recibido 30.000 euros por aves capturadas y hasta 80.000 euros por ruiseñores japoneses. Se estima que cada año se capturaban y revendían alrededor de 400 ruiseñores, y que un individuo vendió 250 ruiseñores por 87.000 euros en tres años. Algunos criadores admitieron haber comprado 20 parejas de ruiseñores japoneses por hasta 250 euros cada una.

En total, 23 personas fueron imputadas en la causa. Cinco de ellas obtuvieron un sobreseimiento, mientras que seis aceptaron una comparecencia en procedimiento de reconocimiento de culpabilidad. Finalmente, trece personas, entre ellas Serge Mounard, comparecerán ante el tribunal correccional de Cahors el 19 de junio, acusadas de tráfico de especies protegidas en banda organizada por hechos ocurridos entre enero de 2015 y febrero de 2017