El Gobierno de Ayuso ya ha ejecutado 531 desahucios en sus pisos protegidos por okupaciones e impagos

El Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha ejecutado desde el 2019 (año en el que empezó a gobernar) un total de 531 desahucios en pisos protegidos que gestiona la Agencia de Vivienda Social (AVS). Son datos que la Comunidad de Madrid ha facilitado al diputado Jorge Moruno de Más Madrid, que revelan una clara tendencia: los lanzamientos judiciales se han disparado desde 2023, cuando se produjeron 103. En 2024 la cifra subió a 121 y en 2025 (hasta mediados de mayo) ya se han realizado otros 32.

Como ya publicó Infobae España, La Comunidad de Madrid contrató en octubre de 2023 al bufete Olmo Abogados SL para que le ayude a solucionar el problema de morosidad y okupación que afecta a la AVS, organismo público encargado de la promoción de vivienda protegida en la región. Los datos que justificaron esta adjudicación señalan que la AVS tenían entonces 2.338 pisos okupados irregularmente (es decir, un 10% del total) y unos 8.000 inquilinos morosos, que deben a las arcas públicas unos 65 millones de euros. El bufete recibe 700.000 euros.

Las cifras facilitadas al parlamentario Moruno indican que en 2019 hubo 75 desahucios, número que subió a 94 en 2020, bajó en 88 a 2021 y a 19 en 2022. Desde 2023 se han producido 256. La Consejería de Vivienda no especifica el motivo del lanzamiento judicial, pero un portavoz de esta cartera señala a este diario que “en su gran mayoría son ocupaciones ilegales”. Y es que la lucha contra la okupación es uno de los ‘leitmotiv’ de las políticas de Ayuso. La Comunidad de Madrid aboga por una ley estatal que permita desalojar en 24 horas una vivienda que haya sido ocupada ilegalmente.

“Todo lo que sucede alrededor de la AVS es siempre el resultado de una política premeditada de abandono, por parte del PP, de todo lo que tiene que ver con lo público. De la misma manera que mantienen una lista de espera cronificada de personas en situación de emergencia social, a las que no les ofrecen ninguna alternativa habitacional; de la misma manera que degradan el patrimonio de los madrileños, también abandonan y desahucian a familias desesperadas de sus viviendas: personas con familiares dependientes y enfermos que llevan décadas viviendo allí. Aluden a problemas de forma y administrativos, pero no es otra cosa que desprecio a los pobres, abandono de lo público y una total indiferencia ante el sufrimiento de la gente. Representa el espíritu de su forma de gobernar”, asegura Jorge Moruno.

Precisamente, este jueves 5 de junio la AVS ejecutó el desahucio de unos de sus inquilinos, José Luis Alcalá Nuño, quien residía en una vivienda protegida situada en el Poblado de Absorción de General Ricardos (Madrid). José Luis tiene un 52% de discapacidad. La casa fue adjudicada a la madre de José Luis, con la que ha convivido toda la vida hasta su fallecimiento. Él no era, por tanto, el titular. Un juzgado ha dado la razón a la AVS y ha avalado el lanzamiento.

Inquilinos regularizados

La oposición política (PSOE y Más Madrid) y abogados que trabajan con familias desahuciadas alertan de que esta política del PP no discrimina entre viviendas ocupadas con mala fe (la famosa patada en la puerta) e inquilinos en situación de extrema necesidad. Entre los llamados okupas hay, por ejemplo, familias que no comunican el plazo el fallecimiento del titular del contrato o que pasan una mala racha económica y deben algunos meses del alquiler. La verdad es que Ayuso ha regularizado a 1.175 inquilinos que ocupaban ilegalmente viviendas protegidas. Es una de las medidas de la Comunidad de Madrid, además de los desahucios, para reducir el porcentaje de pisos públicos ocupados.

Fuera de la AVS, el Gobierno de Ayuso lleva ya tiempo promocionando medidas contra la ocupación. En mayo, la Comunidad de Madrid firmó un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para facilitar a las víctimas de la ocupación de viviendas asesoramiento jurídico gratuito de letrados. Para la presidenta madrileña, “detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados”.