El Tribunal Administrativo de Montreuil ha dictado una sentencia que podría sentar precedente entre los propietarios franceses: el Estado deberá indemnizar con 4.000 euros a un casero de Seine-Saint-Denis tras demorar la expulsión de un inquilino que acumulaba meses de impago, tal y como recoge Press Pepper, una agencia de prensa especializada en la actualidad judicial regional.
Una orden de desahucio ignorada durante meses
El caso se remonta al año 2022, cuando el propietario, titular de una vivienda en Le Bourget (Seine-Saint-Denis), decidió recurrir a los tribunales ante los reiterados impagos de su inquilino, con el que había firmado un alquiler de 500 euros mensuales.
El 9 de mayo de ese año, el juzgado de proximidad de Aubervilliers dictó una orden de desahucio, concediendo al inquilino un plazo de dos meses para abandonar el inmueble tras la notificación formal.
El propietario esperaba que la intervención judicial fuese suficiente para solucionar el problema. Sin embargo, el agente judicial encargado del proceso no llegó a ejecutar la expulsión, ya que no solicitó la ayuda de la fuerza pública.
Al no solventarse la situación, el 21 de julio de 2022, el casero elevó la petición a la prefectura de Seine-Saint-Denis solicitando apoyo oficial para llevar a cabo el desalojo. Pese a que el prefecto de entonces, Jacques Witowski, autorizó la intervención a principios de octubre, la vivienda no quedó finalmente libre hasta mayo de 2023.
Durante todos esos meses, el propietario ni recibía los ingresos del alquiler, ni disponía libremente de su vivienda. Por ello, solicitó una indemnización al Estado, calculando sus pérdidas en unos 5.500 euros.
El Estado francés está obligado a colaborar en los desahucios
El Código de Procedimientos Civiles francés es claro: el Estado está obligado a colaborar en la ejecución de las sentencias judiciales y, si se niega a prestar esa asistencia, debe responder económicamente. Incluso la ausencia de respuesta a una solicitud en el plazo de dos meses se considera legalmente un rechazo.
El Tribunal Administrativo de Montreuil, en su fallo del 17 de marzo de 2025, reconoció que la “pérdida de ingresos por alquiler sufrida por el propietario fue de 500 euros mensuales durante ocho meses y cuatro días”. De acuerdo con esta valoración, le han concedido una indemnización de 4.000 euros en concepto de perjuicio económico.
Eso sí, el tribunal rechaza compensar los gastos extraordinarios reclamados por el casero, como los 1.500 euros que asegura haber gastado al desplazarse desde el sur de Francia para asistir a un desalojo que finalmente no tuvo lugar.
Según el fallo, el propietario no pudo justificar que su presencia en el desahucio fuera imprescindible ni tampoco que esos costes tuvieran un vínculo directo y probado con el retraso en la actuación por parte de la prefectura. No obstante, el propietario sí recibirá, además de la indemnización inicial, 1.200 euros más en concepto de gastos jurídicos.
Por último, la sentencia ha subrayado la importancia de que los jueces y la Administración cumplan con los plazos legales y establecidos para ejecutar los desahucios.
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