Una asociación militar anima a las mujeres que sufren acoso en el Ejército a denunciar “por escrito”: “Si solo es verbal, se pierde la cadena de mando”

Dos mujeres militares han decidido romper el silencio para relatar a la prensa los episodios de acoso sexual que sufrieron por parte de cargos superiores en el cuartel de San Fernando de Zaragoza durante su servicio, además de las constantes humillaciones e insultos procedentes de otros compañeros. Las víctimas fueron ridiculizadas y amenazadas, lo que profundizó el daño psicológico —una de ellas intentó suicidarse— y su aislamiento dentro de la institución, donde sus quejas y denuncias ante la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ministerio de Defensa y el Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no resultaron efectivas.

“Escribí y llamé a la UPA en torno a 2016 o 2017, cuando llevaba ya cinco o seis años en esa situación. Era ya insostenible, estaba tocando fondo. Entonces yo no era como ahora: me callaba todo, asumía los insultos, y ellos se crecían; estaba anulada, no sabía cómo enfrentarme a esa situación”, ha explicado una de las militares a elDiario.es. “Estábamos en formación ante bandera por la mañana y me escupían, me llamaban ‘puta’ o ‘zorra’. Me ridiculizaban. Difundieron el bulo de que a saber quién era el padre de mi hija. Llegaron a poner un anuncio de contactos con mi nombre y mi teléfono diciendo que era prostituta”, relató por su parte la otra militar entrevistada. A pesar de la dureza de sus testimonios, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado.

La opción que el Ejército suele ofrecer como respuesta institucional a las mujeres que han sufrido acoso y vejaciones es la de abandonar la unidad en la que ocurrieron los hechos o recibir una incapacidad psicológica debido a las secuelas, que es lo que les ocurrió a ambas militares entrevistadas. De esta forma, lejos de reparar la situación o sancionar al agresor, se traslada el peso de las consecuencias a las víctimas y no se aborda la raíz del problema.

A partir de estos casos, una agrupación de miembros de las Fuerzas Armadas, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha reclamado al departamento que dirige Margarita Robles que se asegure de que se cumplen los protocolos contra el acoso a mujeres en el Ejército y de que los militares los conozcan “debidamente” para combatirlos. La asociación, que asegura a Infobae España haber recibido numerosos mensajes de otras mujeres militares sobre presuntos casos de acoso en el Ejército después de que estos últimos salieran a la luz, recomienda a las víctimas que denuncien, “pero no de forma verbal, sino por escrito”.

“Nos preocupa porque vemos que no se trata de casos aislados. Por eso siempre decimos que las denuncias no se hagan de forma verbal, porque de esa forma se empieza a perder la cadena de mando”, señala a Infobae España Marco Antonio Gómez, presidente de ATME. Y es que en el Ejército ya hay antecedentes donde la respuesta ante una denuncia de abuso por parte de un capitán hacia una compañera militar ha consistido en reubicar al agresor en otra compañía o unidad “o incluso cambiarla a ella, cuando el peso debería caer sobre quien ha cometido los presuntos abusos”.

La importancia de contar con personal especializado

De ahí la importancia de que “todo quede por escrito y que los protocolos se apliquen escrupulosamente”, insiste Gómez. “La labor del Ministerio de Defensa y de los ejércitos no puede limitarse solamente a publicar protocolos y guías, deben asegurarse de que se cumplen en su totalidad y de que los militares conocen debidamente su forma de aplicación”.

Asimismo, la asociación hace un llamamiento a las militares que hayan sufrido este tipo de situaciones para que acudan a denunciarlo a ATME: “A nosotros no nos tiembla la mano, no tenemos ningún miedo, porque lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima”, si bien también indica que “las denuncias falsas deben ser perseguidas”.

Gómez destaca la necesidad de que el Ejército cuente con profesionales especializados en casos de acoso y abuso, ya que la presencia de expertos en psicología, derecho y atención a víctimas permite una adecuada contención, orientación y seguimiento de quienes denuncian.