El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó este lunes el cierre del centro de menores La Fortaleza I, gestionado por la ONG Quórum 77, en Gran Canaria, después de que la policía hallara “numerosas evidencias y testimonios” sobre actividades ilícitas de las que serían víctimas los internos. En el recinto residían 43 menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno canario, que actualmente atiende a más de 5.000 menores en todo el archipiélago.
En concreto, la Policía Autonómica investiga delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, amenazas y delitos contra la integridad moral después de haber registrado el centro y haber reunido pruebas y testimonios determinantes que respaldan las acusaciones de actividades ilícitas. Los agentes han detenido a nueve empleados del centro, según informaron a la agencia EFE fuentes de la investigación, y no se descartan nuevas detenciones.
El Juzgado ha comunicado a la Consejería competente la necesidad de implementar medidas para asegurar el bienestar y protección de los menores afectados por el cierre del centro.
Vulneraciones que se producen en otros centros
Esta no es la primera vez que se producen problemas de este tipo en los centros de menores no acompañados distribuidos por todo el archipiélago. En diciembre de 2023 un grupo de doce menores denunciaron agresiones, amenazas y tocamientos por parte de los trabajadores del centro donde estaban acogidos en Tafira, Gran Canaria, un recinto gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Además, esa misma entidad ya había sido investigada por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad de documento mercantil.
Desde Amnistía Internacional también alertaron el pasado mes de marzo en un informe sobre la situación que viven los menores migrantes en muchos de estos centros. En concreto, en la investigación señalaron las denuncias de malos tratos y la saturación en los centros de acogida como algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. La organización, asimismo, indicó que se producían otras vulneraciones como fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad, o en la identificación adecuada a menores con necesidades especiales o alguna condición de vulnerabilidad.
Amnistía Internacional también advirtió sobre la falta de coordinación entre las distintas instituciones que trabajan con estos menores. “No se debe normalizar la idea de que, como son niños o niñas de otras nacionalidades, no tienen los mismos derechos. Se olvida que el niño o la niña migrante, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, tiene derecho a ser escuchado, y protegido, como cualquier otro menor”, explicó entonces Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en la ONG, más aún teniendo en cuenta que “hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas”.
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