49 detenidos y más de siete toneladas de ropa incautada de una red que distribuía ropa de lujo falsificada de marcas como ‘Guess’ o ‘Bimba y Lola’

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Málaga y EUROPOL, han desarticulado una red que distribuía ropa de lujo falsificada en la provincia de Málaga. Han sido detenidas 49 personas como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial al estar involucrados en la venta y distribución del material falsificado.

Con la operación se han llevado a cabo un total de 31 inspecciones en naves industriales ubicadas en el polígono de Guadalhorce en Málaga desde las que surtían a cientos de distribuidores de toda la provincia. Además, se han intervenido más de 24.000 artículos de marcas de reconocido prestigio (como ‘Guess’, ‘Bimba y Lola’, ‘Saint Laurent’ o ‘Louis Vuitton’) y más de 380.000 euros en metálico y otras divisas extranjeras, así como 500 monedas antiguas falsificadas de colección.

Distribuían el género en localidades turísticas de Málaga

La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron información sobre la posible fabricación, importación y distribución de productos falsificados en la provincia de Málaga por una estructura criminal. Las pesquisas de los agentes consiguieron detectar la existencia de una serie de establecimientos dedicados a la venta al por mayor de ropa, complementos y marroquinería de marcas falsificadas de lujo y reconocido prestigio.

Con el avance de la investigación, se pudo conocer la existencia de dichos establecimientos cuya actividad iba dirigida a su utilización como puntos de abastecimiento para cientos de vendedores ambulantes y comercios minoristas que posteriormente distribuirían el género en diferentes localidades turísticas de la provincia de Málaga.

Tras ello, se estableció un operativo conjunto por parte de la Policía Nacional, la Policía Local de Málaga e Inspección de Trabajo, contando con el apoyo de EUROPOL, en el que participaron más de 130 agentes con la finalidad de inspeccionar los establecimientos abiertos al público en el Polígono de Guadalhorce, dedicados a la venta de los productos falsificados.

Más de 24.000 artículos falsificados

Durante el operativo se realizaron un total de 31 inspecciones en naves industriales dedicadas a la venta mayorista y al consumidor final, detectando toneladas de falsificaciones, y siendo detenidas 49 personas implicadas en la comercialización y venta de los productos.

Fruto de estas inspecciones se procedió a la intervención de más de 24.000 artículos falsificados, 383.000 euros en metálico y otras divisas extranjeras, así como 500 monedas antiguas de colección falsificadas sobre las que se están realizando las gestiones oportunas para averiguar su comercialización.

Delitos contra la propiedad industrial

Los delitos contra la propiedad industrial, regulados en los artículos 273 a 277 del Código Penal español, sancionan la vulneración de derechos exclusivos sobre invenciones y signos distintivos legalmente registrados. Se castiga a quien, sin autorización del titular y con conocimiento del registro, utilice, fabrique, importe o comercialice bienes protegidos por patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas o topografías de semiconductores, siempre con fines comerciales o industriales.

El delito se configura cuando concurren simultáneamente cuatro elementos: el bien está registrado, se usa sin permiso, hay conocimiento del registro y el uso tiene una finalidad comercial. No es necesario que exista un perjuicio económico real; se protege el derecho a la exclusividad del titular.

El Código Penal diferencia entre el delito básico y el agravado. Este último se aplica cuando existe especial trascendencia económica, participación de menores, implicación de organizaciones criminales o producción a gran escala. Las penas van desde los seis meses a seis años de prisión, según la gravedad, e incluyen multas y posibles inhabilitaciones.

En el caso de personas jurídicas, como empresas, se contemplan medidas como la disolución, suspensión de actividades, clausura de locales o intervención judicial, incluso como cautelares.