
Red Eléctrica de España (REE), entidad responsable de la operación del sistema eléctrico nacional, alertó con varios meses de antelación al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la conveniencia de revisar los actuales criterios de protección del sistema ante el creciente peso de las energías renovables, en relación con el apagón registrado el pasado 28 de abril.
En un informe técnico con fecha de mayo de 2024, aunque el Ministerio lo recibió oficialmente el 24 de enero —según confirmaron fuentes ministeriales—, el operador ya señalaba la necesidad de actualizar los principios generales que rigen la protección del sistema eléctrico tanto peninsular como insular y extrapeninsular. Dichos principios se apoyan en normativas de los años 1996 y 2011, y debían ser revisados para redefinir los estándares mínimos de protección. El objetivo, apuntaba el documento, era reducir el impacto de posibles incidencias en la red, garantizar el suministro eléctrico y optimizar la calidad del servicio.
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El texto, al que tuvo acceso Europa Press, también apuntaba como causa principal para esta revisión el cambio sustancial en el modelo de generación eléctrica, motivado por la incorporación masiva de fuentes renovables en detrimento de las tradicionales centrales térmicas.
El documento remarcaba que, junto a las plantas convencionales —tales como las térmicas, ciclos combinados, hidroeléctricas y nucleares—, el sistema eléctrico actual incluye una importante presencia de nuevas tecnologías renovables, principalmente solar fotovoltaica y eólica, las cuales se apoyan en convertidores de electrónica de potencia.
Además, desde REE se advertía de que esta integración masiva de tecnologías basadas en electrónica de potencia ha transformado el esquema de generación habitual, que solía estar conectado directamente a la Red de Transporte.
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Estas fuentes de energía renovable, explicaba el operador, pueden conectarse tanto a la Red de Transporte como a redes de menor tensión, lo que altera la criticidad de ciertos puntos de conexión. Algunos nodos que tradicionalmente alimentaban la demanda ahora se convierten en puntos clave de evacuación de generación renovable, lo cual requiere un refuerzo del sistema de protección debido al incremento de su importancia estratégica.
Funcionamiento inadecuado del sistema de protección actual
El informe también advertía que los análisis realizados hasta la fecha han detectado diversas implicaciones derivadas del uso de dispositivos electrónicos de potencia, que podrían provocar respuestas inadecuadas por parte del sistema de protección vigente.
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Aunque el operador consideraba que, mientras persista un nivel suficiente de generación síncrona, no se esperan cambios drásticos, alertaba de que en áreas con elevada concentración de generación renovable, podrían presentarse comportamientos anómalos en las funciones actuales de protección.
Recepción en enero

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informaron a Europa Press de que recibieron esta propuesta de Red Eléctrica el pasado 24 de enero y que fue sometida a un proceso de consulta pública. Añadieron que el documento se ha tenido en cuenta para la revisión de la normativa sobre redes eléctricas, la cual incluye medidas como la adaptación de los límites de inversión vinculados al PIB y otras disposiciones estratégicas con vistas a la planificación eléctrica para el horizonte 2030.
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También indicaron que la propuesta de REE pretende adaptar los criterios generales de protección, establecidos en el Procedimiento Operativo 11.1, a la nueva realidad tecnológica marcada por la digitalización de redes y equipos eléctricos como transformadores e interruptores, además del aumento del peso de las energías verdes.
Del mismo modo, señalaron que REE ha detectado que, a medio o largo plazo, estos cambios podrían comprometer el comportamiento del sistema de protección actual, motivo por el cual propone ciertas modificaciones preventivas. Aun así, subrayan que mientras el nivel de generación síncrona se mantenga, no deberían producirse alteraciones relevantes.
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Por último, añadieron que REE sugiere que los nuevos mecanismos de protección se apliquen en un plazo de cinco años desde la validación de los procedimientos correspondientes, y puntualiza que no considera urgente su implementación inmediata.
(Con información de Europa Press)
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