
Este jueves se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada que no solo brinda la oportunidad de desconectar del mundo laboral por un día, sino que también simboliza la lucha histórica por los derechos de los trabajadores. En un contexto marcado por la posible aprobación del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral (desde las 40 hasta las 37,5 horas), cuya votación en el Consejo de Ministros ha sido pospuesta por el apagón hasta el próximo martes 6, este primero de mayo, cientos de trabajadores saldrán a las calles para exigir mejoras en sus condiciones laborales.
Esta misma mañana los secretarios de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, han pedido a los partidos políticos que la iniciativa legislativa llegue al Congreso de los Diputados y la respalden porque no hacerlo sería “una situación absolutamente poco democrática”.
“En torno al 70% de los ciudadanos y ciudadanas queremos que se reduzca la jornada de trabajo. Los ciudadanos mandan y los partidos políticos van a tener que pensar en los ciudadanos porque si no, las organizaciones sindicales les vamos a perseguir democráticamente hasta las próximas elecciones”, ha afirmado Álvarez en una entrevista en Cadena Ser esta misma mañana.
En cuanto al control horario -cuyas mejoras están previstas en el acuerdo que los sindicatos firmaron con el Gobierno el pasado año-, Unai Sordo ha recordado que lo importante es que se cumplan en la práctica: “De poco sirve lo que ponga la ley o en el convenio si luego se incumple sistemáticamente”, ha destacado en la misma entrevista.

Los sindicatos avisan de que si no se aprueba el acuerdo, habrá movilizaciones
Sordo ha avisado de que si el acuerdo firmado con el Gobierno no se aprueba, habrá manifestaciones. “Las movilizaciones son claves para que los grupos sepan que están siendo fiscalizados por la calle. Las movilizaciones empiezan hoy. Las del Primero de Mayo tienen que ser un clamor por la reducción del tiempo de trabajo, que es una reivindicación muy sentida entre la ciudadanía española, vote a quien vote, y esto los grupos lo tienen que tener muy en cuenta”, añadía Sordo.
De hecho, el secretario de CCOO ha admitido que aunque se la iniciativa se tramite en el Congreso, “seguramente” haya manifestaciones, para velar por que “no se desnaturalice el acuerdo” que firmaron.
A trámite parlamentario y posterior publicación en el BOE
Una vez se apruebe el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, la iniciativa comenzará su trámite legislativo en el Parlamento, donde será debatida, podrá recibir enmiendas y podría sufrir modificaciones por parte de los distintos grupos parlamentarios. Solo cuando el texto final haya sido aprobado por ambas cámaras, el Congreso y el Senado, y haya superado los procedimientos necesarios, podrá convertirse en ley. Para que entre en vigor, será necesario que la ley aprobada sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el cual tendrá plena validez y aplicación legal.
Sin embargo, su aplicación no será inmediata. El anteproyecto incluye una Disposición transitoria primera referente a la aplicación de la jornada máxima de trabajo ordinario, en la que se establece que “las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que, al momento de la entrada en vigor de esta norma, tengan una jornada superior a las 37,5 horas semanales de promedio anual, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar los ajustes necesarios que garanticen el cumplimiento de lo estipulado en esta ley”. Por tanto, la nueva jornada laboral comenzaría a aplicarse como muy tarde el 1 de enero de 2026.
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