
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una causa de oficio para investigar si el apagón en la red eléctrica española de ayer que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas y que en ese caso encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
En el auto, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Cristológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
“Situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad”
El auto describe los hechos ocurridos este lunes, en los que sobre las 12:30 “todo el territorio peninsular sufrió un apagón eléctrico que comenzó a recuperarse parcialmente a partir de las 16.30 horas”. Continúa apoyándose en lo declarado por el Gobierno de España, que explicó que al inicio se perdió de forma súbita, durante cinco segundos, 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, “algo que no había ocurrido jamás”.
Estos hechos, acabaron afectando a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad, como salud, energía, industria, transporte etc., han supuesto una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos.
Delito de terrorismo
“Si bien en el momento actual la causa de los referidos hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles”, relata el juez, por lo que “resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo”.
“Se considerarán delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los arts. 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con alguna de las siguientes finalidades: 1ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 2ª Alterar gravemente la paz pública; 3ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; y 4ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”, explica en el auto.
A esto añade, que “nuestra sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general”.
“Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer”. asegura, por lo que “son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población”.
“Podemos descartar un incidente de ciberseguridad”
Aunque por el momento todas las hipótesis sobre la causa del apagón siguen abiertas, Eduardo Prieto, director de Red Eléctrica, ha indicado en una comparecencia que “podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de red eléctrica y el centro de control de red eléctrica”. Por tanto significaría que no se debió, según los datos analizados hasta ahora y de manera preliminar, a “ningún tipo de intrusión”.
También ha relatado que dilucidar el último detalle de la causa del apagón eléctrico “puede llevar tiempo”: “No nos podemos comprometer a dar un plazo. Solo puedo manifestar la voluntad de que sea lo antes posible”.
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