
La ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor avanza en el Congreso. Una vez finalizado el plazo para presentar enmiendas, hasta cuatro formaciones han coincidido en registrar varias propuestas para regular el precio de los seguros del taxi. En el actual contexto general de alza de precios del segmento de seguros de vehículos de motor, Sumar, Vox, Podemos y BNG —aunque con diferencias entre ellos— proponen medidas para controlar los precios de las pólizas en lo relativo a estos vehículos, que prestan un servicio de interés público de transporte de viajeros.
En el caso de Sumar, los de Yolanda Díaz piden limitar el incremento anual en la renovación de la póliza al incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), siempre que el asegurado no haya presentado “más de tres partes culpables consecuencia de su actividad circulatoria en los dos últimos ejercicios”.
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En el caso de una suscripción de nueva póliza de seguro a todo riesgo para la prestación de este servicio por adquisición de licencia o sustitución del vehículo, y siempre que el asegurado no haya presentado más de tres partes culpables consecuencia de su actividad circulatoria en los dos últimos ejercicios, el precio anual no podrá superar el 6% del valor venal del vehículo.
La enmienda añade que el taxista que pida al menos dos ofertas para asegurar un vehículo y no reciba respuesta expresa en un plazo de 15 días, “podrá acudir al Consorcio de Compensación de Seguros sin necesidad de contar con ninguna negativa expresa a ser asegurado de parte de la aseguradora”.
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Menos siniestralidad que los VTC
Sumar subraya que el alza de los precios “está tensionando la viabilidad de la actividad para los profesionales del sector, con las consiguientes repercusiones negativas en el servicio que se presta a la ciudadanía y en el nivel de cobertura de las propias pólizas contratadas, haciendo cada vez más difícil cumplir con las distintas obligaciones regulatorias que se establecen para la flota de taxis en relación con la calidad, descarbonización y adaptación a personas discapacitadas”.
Además, recuerda que la afectación a los taxistas se ve acrecentada por la contabilización del índice de siniestralidad del sector del taxi, inserta dentro del cálculo general de los conductores profesionales de transporte urbano. El problema es que en dicho cómputo se incluyen sectores con una siniestralidad más alta, alterando la evolución de este dato en los últimos años.
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En este sentido, Sumar expone la irrupción de la prestación de servicios de transporte urbano mediante vehículos VTC. “Poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid, en 2022 se registraron 958 accidentes de tráfico de VTC, mientras que el taxi contabilizó 766. A septiembre de 2023, los accidentes de VTC en la ciudad de Madrid para ese ejercicio ascendían a 851, mientras que los del taxi fueron 644. En Madrid, operan 15.777 taxis y 8.300 VTC, aunque estos últimos no solo trabajan en la ciudad, sino en toda la Comunidad de Madrid. Considerando los accidentes de 2023, la tasa de siniestralidad de las VTC es 2,5 veces superior a la del taxi (0,10 frente a 0,04)”.
Como consecuencia, los taxistas se vienen enfrentando, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional del Taxi, a subidas de póliza en la mayoría de los casos del 30%, “alcanzando en muchas ocasiones el 70%”, y a pólizas por nuevos vehículos en ocasiones “superiores al importe anualizado de la inversión en su activo y herramienta fundamental, el vehículo”.
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Una “aseguradora de interés público”
Por su parte, Podemos plantea establecer seguros asequibles para vehículos con licencia de autotaxi. “Se considerarán pólizas de seguros asequibles aquellas cuya prima no supere el coste medio de las pólizas para vehículos con licencia de autotaxi correspondiente al año 2020, según el tipo de póliza y el vehículo asegurado”, agrega la enmienda.
Otra corrección apuesta por la adecuación de la prima del Consorcio de Compensación de Seguros a los vehículos que no logren asegurar su vehículo a través de aseguradoras privadas. Asimismo, los morados propone la creación de una aseguradora de interés público para la cobertura de estos vehículos.
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“El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital deberá, en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presente disposición, elaborar y publicar un informe sobre la viabilidad de crear un seguro especial de terceros, terceros ampliados y a todo riesgo para vehículos con licencia de autotaxi, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros”, recoge la modificación introducida por los de Ione Belarra.
Por su parte, Vox propone la supervisión y el control de la tarificación del seguro obligatorio en el sector del taxi. Para ello, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborará un informe anual sobre la evolución de los precios de los seguros de responsabilidad civil en el sector del transporte público de pasajeros, incluyendo taxis, que será remitido anualmente al Congreso.
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Asimismo, la formación de Santiago Abascal plantea que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realice una “investigación periódica” sobre la competencia en el mercado de seguros para el sector del transporte público de pasajeros, analizando “la existencia de prácticas restrictivas de la competencia o concertación de precios”. “En caso de detectar indicios de abuso de posición dominante o acuerdos colusorios entre aseguradoras”, este organismo “adoptará las medidas sancionadoras correspondientes de acuerdo con el marco normativo aplicable”.
Por último, el BNG habla de garantizar a los conductores del sector del taxi pólizas de seguro a un “coste competitivo, ajustado y proporcional a las coberturas requeridas”. En esta línea, el partido nacionalista gallego pide que la renovación de las pólizas de seguros del sector “se ajuste a la evolución general de los precios, teniendo en cuenta únicamente la siniestralidad y los factores que afectan al propio sector”, y no a otros servicios similares, como el VTC.
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Entre otras medidas, el diputado Néstor Rego exige reforzar la actividad inspectora y sancionadora en caso de incumplimiento o establecimiento de condiciones abusivas por parte de las compañías de seguros, y establecer “escalas de referencia y primas máximas para los distintos supuestos”.
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