
La Comisión Europea ha propuesto acelerar la implementación de dos pilares del Pacto sobre Migración y Asilo —que entrará en vigor en junio de 2026—. Se trata de la aplicación anticipada del procedimiento acelerado de asilo y la creación de una lista común de países de origen seguros a nivel de la UE. Con ellos, ha desempolvado el término “país de origen seguro”, que puede tener consecuencias demoledoras para muchos migrantes. Los territorios que integran la lista inaugural son Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez, además de aquellos Estados candidatos a integrarse en la Unión Europea.
Y es precisamente esa inclusión la que ha despertado preocupación entre quienes conocen la situación que viven las personas solicitantes de asilo. Curro Peña, investigador especializado en esta materia, alerta: esta propuesta pone en riesgo a las personas OSIEGCS —abreviatura de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales—. Esta comunidad está formada por personas que huyen de contextos de persecución y que podrían ser obligadas a regresar a lugares donde su existencia está criminalizada.
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Peña relata cómo la designación de un país como “seguro” implica que las solicitudes de personas provenientes de esos lugares se tramiten de forma acelerada. Esto se debe a que se parte de la idea de que, al venir de un lugar “seguro”, es poco probable que necesiten protección internacional. “Lo que implican los procedimientos acelerados es que hay menos tiempo para entrevistar a la persona, para analizar las circunstancias, para que la persona presente pruebas... Todos los plazos se acortan”, lamenta.
En el caso de las personas diversas sexualmente, “sus solicitudes suelen ser más complejas. Por lo general, necesitan un procedimiento más pausado que les permita hablar de unas experiencias muy íntimas sobre las que a lo mejor no han hablado nunca”, apunta el experto. En la práctica, un procedimiento acelerado puede ser sinónimo de silencio forzado. “Deben revelar una serie de sucesos o circunstancias que no es fácil contar ante las autoridades”, subraya el investigador. Y en un marco con tiempos reducidos, es mucho más probable que no consigan hacerlo, que no puedan demostrar la persecución sufrida y que su solicitud sea rechazada. Eso podría llevar a su deportación al país del que huyeron.
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Por eso, Peña es tajante: “El concepto de país de origen seguro y los procedimientos acelerados no son adecuados para tramitar las solicitudes de una persona solicitante de asilo LGBTIQ+”.
Una lista común, una amenaza compartida
La novedad de la propuesta de la Comisión Europea es la creación de una lista común de países de origen seguros a nivel de toda la Unión. Aunque muchos Estados miembros ya tienen sus propias listas nacionales, esta propuesta busca unificar criterios y dar a los países la posibilidad de aplicar estos procedimientos acelerados a las personas procedentes de los países designados.
Pero aquí llega el segundo gran problema: la lista incluye países donde ser queer es motivo de persecución, criminalización y violencia institucional. Marruecos, Túnez y Egipto —presentes en la lista— son un ejemplo de ello. “En estos tres países las personas LGBTIQ+ están criminalizadas. Hay numerosas pruebas de que, incluso en los últimos meses, la policía arresta a personas simplemente por serlo”, apostilla Peña.
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En su análisis, Curro Peña detalla cómo en estos países se utilizan diferentes mecanismos legales para castigar la diversidad sexual: “Se aplica la legislación contra la sodomía, contra los actos sexuales consentidos entre personas adultas, contra el escándalo público...”.
“En Túnez, más de 80 personas han sido detenidas recientemente por estas leyes; en Egipto, hay investigaciones que demuestran cómo la policía usa perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones como Grindr para detener a hombres homosexuales o bisexuales; y en Marruecos, organizaciones como ILGA Mundo han registrado numerosos casos de detenciones recientes”, apostilla el experto. “Por tanto, no son países que puedan ser considerados seguros”, añade.
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“La lista que ha propuesto la Comisión no tiene en cuenta la realidad de las personas LGBTIQ+”, denuncia Peña. “Incluye países que son claramente inseguros. No se trata solo de que no reconozcan los derechos de las personas sexualmente diversas, sino que además está demostrado que se produce persecución”.
Una omisión que puede costar vidas
El Pacto sobre Migración y Asilo prevé la posibilidad de establecer excepciones para ciertos grupos, como mujeres, personas de regiones específicas o personas queer. Y algunos países ya lo han hecho. Pero, la propuesta de la Comisión Europea no lo contempla. “Sencillamente, dice que Marruecos, Túnez, Egipto, entre otros, son países seguros, sin designar a las personas LGBTIQ+ como excepción”, señala Peña.
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Aunque el texto propone que los Estados miembros “deberían tener en cuenta la situación especial que tienen las personas sexualmente diversas”, Peña es claro: “Eso no es suficiente. Eso no es una garantía. Es una obligación, sí. Pero debería haberse especificado desde el principio que todas las personas que soliciten asilo por sufrir persecución por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales deben quedar excluidas de la aplicación del procedimiento acelerado”.
Mientras no se corrija esta falta, la etiqueta de “país seguro” puede convertirse, en la práctica, en una vía rápida hacia la invisibilización, la devolución y la revictimización de personas que, lejos de estar a salvo, solo han cambiado el tipo de frontera.
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