La justicia francesa ha condenado este lunes a la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, por el desvío de fondos del Parlamento Europeo. La cabeza de Agrupación Nacional se enfrenta ahora a cinco años de inhabilitación de cualquier cargo público, lo que impedirá que ser presente a las elecciones presidenciales de 2027, para las que partía como favorita; así como, al menos, dos años de prisión.
El fallo ha encontrado el rechazo frontal de la extrema derecha europea, sin embargo, las primeras reacciones a la condena han venido desde Rusia. El portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, ha asegurado que “cada vez son más las capitales europeas que siguen el camino de pisotear las normas democráticas“, en relación al fallo del tribunal francés. En la misma línea ha hablado en redes sociales el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que considera que ”la democracia francesa ha sido ejecutada" con la sentencia. El eurodiputado ha cancelado su viaje a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo, sin hacer declaraciones a la prensa.
Los políticos europeos no han tardado en seguirles: “Yo soy Marine”, ha lanzado Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, en su cuenta de Twitter (ahora X) como reacción inmediata. Las reacciones también han llegado desde el Gobierno italiano, donde el vicepresidente del Consejo de Ministros, Matteo Salvini, ha asegurado que la sentencia es “una declaración de guerra por parte de Bruselas”. “Aquellos que temen el juicio de los votantes a menudo encuentran tranquilidad en el juicio de los tribunales”, ha añadido el líder de Liga, que afirma que no se dejarán “intimidar”. Salvini ha comparado el escenario con la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía de excluir a Calin Georgescu, candidato de ultraderecha, a presentarse en las elecciones de mayo debido a una financiación no declarada y a la sospecha de una intromisión rusa en los comicios previos.
También Santiago Abascal, líder de Vox, ha asegurado que “no conseguirán callar la voz del pueblo francés”. El político español ha compartido el hastag Je Soutiens Marine (Yo apoyo a Marine), utilizado en la última hora en la red social para mostrar el rechazo a la pena impuesta contra Le Pen.
Los miembros de Patriots for Europe, grupo parlamentario de la Eurocámara que aglutina a la ultraderecha continental, han lanzado sus mensajes de apoyo a Le Pen, a quien consideran víctima de un “veredicto increíblemente duro”. Los eurodiputados han respaldado la retórica de comparar el fallo judicial como una estrategia antidemocrática y una forma de “silenciar” a los políticos nacionalistas.
La sentencia del tribunal francés también ha recibido críticas por la izquierda del espectro político. La Francia Insumisa, partido fundado por Jean-Luc Mélenchon y principal rival electoral de Le Pen en los últimos comicios, ha considerado que los hechos juzgados son “particularmente graves”, pero se posicionan en contra “por principio” de cualquier decisión que haga “imposible” recurrir en la práctica, al entrar en vigor de manera inmediata.
“El medio de acción de La Francia Insumisa nunca ha sido recurrir a un tribunal para deshacerse de la Agrupación Nacional. Lo combatimos en las urnas y en la calle, mediante la movilización popular de los franceses, como pudimos hacer durante las elecciones legislativas de 2024”, han indicado en un comunicado.
Cuatro años de cárcel y 100.000 euros de multa
El Tribunal Correccional de París ha decidido inhabilitar por cinco años a Marine Le Pen y a ocho eurodiputados de Agrupación Nacional por el desvío de fondos del Parlamento Europeo. Los magistrados consideran probado que el partido desvió fondos entre 2004 y 2016 para contratar asistentes parlamentarios “ficticios” para los diputados en las últimas tres legislaturas.
En total, la presidenta cifró en 2,9 millones de euros el dinero desviado, de los que 474.000 euros son imputables a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas, Thierry Légier, y a su secretaria personal, Catherine Griset. Por ello, la líder de extrema derecha deberá pagar una multa de 100.000 euros y cumplir cuatro años de prisión, con opción a pasar dos de los cuales con brazalete electrónico.
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