Los beneficiarios de prestaciones por desempleo que compatibilicen estas ayudas con un empleo no declarado podrían enfrentarse a sanciones económicas que alcanzan los 225.018 euros. Ellos y los que les contratan, claro.
Según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esta práctica constituye una infracción muy grave, regulada por la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (LISOS). Y es que además de la multa, los infractores deberán devolver la totalidad de las prestaciones cobradas de manera indebida durante el periodo en el que se detecte la irregularidad.
En ese sentido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desempeña un papel clave en la detección de estas infracciones. Esta entidad, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, supervisa tanto a empresas como a trabajadores para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. El objetivo principal es proteger los derechos de los empleados y asegurar que las obligaciones legales se cumplan en todos los niveles.
¿Cuáles son las herramientas de control y supervisión por parte de la Seguridad Social?
Para detectar y sancionar estas irregularidades, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que actúa como un organismo de control. Esta entidad utiliza herramientas tecnológicas y bases de datos interconectadas para identificar posibles casos de fraude. De hecho, la coordinación entre las distintas instituciones es fundamental para garantizar la eficacia de estas medidas.
Por otra parte, las empresas también pueden ser objeto de sanciones si se demuestra que han incurrido en prácticas que favorecen el fraude laboral. En concreto, las compañías que incumplan la normativa laboral pueden enfrentarse a multas que superan los 200.000 euros en los casos más graves. De igual forma que los que tengan trabajo mientras cobran prestaciones, que obviamente no podrían hacerlo si no fuese porque hay empresas que les contratan mientras figuran como personas en desempleo.
De hecho, el Ministerio destacó que, en algunos casos, las infracciones pueden incluir acuerdos fraudulentos entre empleadores y empleados, como pactos de despido para que el trabajador pueda acceder a las prestaciones por desempleo. Este tipo de prácticas también está contemplado en la LISOS como una infracción muy grave, lo que conlleva sanciones, aún más altas, tanto para la empresa como para el trabajador implicado.
Las sanciones económicas según la gravedad de la infracción
La LISOS establece diferentes grados de sanción para quienes incurran en esta práctica ilegal. En el caso de las infracciones muy graves, las multas se dividen en tres niveles según su gravedad. En el grado mínimo, las sanciones oscilan entre los 2.001 y los 30.000 euros. En el grado medio, las multas aumentan considerablemente, situándose entre los 30.001 y los 120.005 euros. Finalmente, en el grado máximo, las sanciones pueden alcanzar los 225.018 euros.
Cabe recordar de nuevo que además de las multas económicas, los trabajadores que hayan cobrado prestaciones de manera fraudulenta deberán devolver todas las mensualidades percibidas durante el tiempo en que estuvieron trabajando sin declarar.
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