Peleas y cortes de la calefacción ante la okupación de viviendas por familias peruanas en Carabanchel Alto: “En un par de semanas está resuelto”

El pasado puente de la Constitución, un grupo de familias peruanas llegó al barrio de Carabanchel Alto y se instaló en un complejo de viviendas de nueva edificación. Aseguraban haber adquirido los pisos, por entre 2.000 y 2.500 euros, tras conversar con el supuesto propietario que contactó con ellos en la cola de un comedor social. La realidad era otra. El verdadero propietario es la inmobiliaria Vivenio, que ahora trata de recuperar todos los pisos okupados.

La urbanización, considerada como de lujo en este barrio popular, se ubica en la calle Excelente 6 y ofrece viviendas con un tamaño de entre 36 y 60 metros cuadrados y una o dos habitaciones, por un precio de entre 800 y 1.400 euros mensuales. Cuentan además con garaje y zonas comunes con piscina, pistas de pádel, gimnasio y áreas verdes.

Fue el pasado mes de agosto cuando empezaron a llegar los primeros inquilinos, pero Isabel entró en noviembre. En conversación con Infobae España, la mujer narra episodios de peleas, conflictos y ruido por parte de los okupas. “Incluso vecinos de otros bloques han llamado a la Policía por las fiestas que montan”, afirma. De hecho, las autoridades han intervenido en varias ocasiones. La última de ellas fue el pasado lunes, cuando detuvieron a dos hermanas jóvenes por un delito de maltrato familiar. Días antes, varios agentes acudieron tras una agresión machista: un menor de 13 años habría golpeado a su novia de 16, conforme detalla el diario El Mundo.

Ante este escenario, Isabel y el resto de vecinos del bloque organizan caceroladas cada tarde con el objetivo de “hacer ruido”y que “por lo menos se sepa lo que está pasando”. Tanto ella como otros inquilinos desconfía de la versión de los okupas: “Por muy poco que lleves en Madrid, nadie se cree que te vendan un piso por ese precio”.

La inmobiliaria, en un intento de expulsar a los okupas, cortó la circulación de dos de los tres ascensores de la finca. También dejó sin calefacción y agua caliente a los pisos okupados y tapió los telefonillos. Pero nada ha servido: tienen electricidad y agua fría y, además, cuentan con la ayuda de un conserje que les abre la puerta del exterior del recinto.

Comienzan los lanzamientos

José, que ha pasado toda su vida en Carabanchel, recuerda los inicios del conflicto. “La primera pelea fue en los primeros días. Estaban con los perros sueltos en el jardín y entre ellos mismos se pegaron”, comenta. No es el único caso que se da en el barrio, aunque para José no se trata de un problema extendido. “Hay casos y al que le toca, le jode, pero no creo que sea un problema a nivel nacional”, añade. Sin embargo, critica esta práctica, ya que, aunque “hay gente necesitada”, no todos parecen estar en esa situación. “Por lo que he oído, la intención de muchos, que vienen con niños, es que les ofrezcan alquileres de 500 euros. Eso lo queremos todos”, apostilla.

Para hacer frente a la situación, la inmobiliaria ha contratado los servicios de varias empresas de desokupación, entre ellas Servi-okupas, que asegura haber vaciado más de una decena de las viviendas afectadas. A las puertas del edificio, esperaban este domingo dos trabajadores que han preferido no identificarse ni hablar de su compañía. No obstante, afirman que “faltan 13 [viviendas] por salir” y que “en un par de semanas está resuelto”. Las tácticas de estas empresas han sido criticadas por la brutalidad que ejercen para expulsar a los okupas. Otro vecino de la zona narra uno de los episodios de expulsión en el que uno de los empleados “cogió” a uno de los implicados y lo sacó “a la calle” con considerable fuerza.

80 desalojos diarios pese a la moratoria

Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto ómnibus, que incluye, entre muchas otras medidas, la moratoria de los desahucios para familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025. El objetivo es proteger a personas con bajos ingresos, en situación de dependencia o que tienen a su cargo menores y/o parientes enfermos, a la par que se compensa a los propietarios por las pérdidas económicas.

Pese a ello, el Observatorio de la Infancia calcula que aún se realizan 80 desahucios al día. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 fue de 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellos, un total de 5.874 se debieron al impago del alquiler.