El Gobierno da por perdida la prórroga del impuesto a las energéticas ante la negativa de PNV y Junts: “Poco se puede hacer”

El Gobierno baja los brazos con la prórroga del impuesto a las energéticas para 2025, una medida que aprobó vía real decreto-ley a finales de diciembre y que se someterá a su convalidación en el Congreso este miércoles. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a Infobae España que las conversaciones con Junts y PNV no han dado sus frutos porque “no quieren ese impuesto”, apostillan fuentes del departamento dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

De esta manera, en Moncloa dan por perdida esta medida ante la votación de esta semana en la Cámara Baja: “Poco se puede hacer”, añaden estas voces, confirmando los malos augurios. En realidad, las esperanzas de convalidar la prórroga del gravamen energético eran escasas incluso antes de aprobarse en el último Consejo de Ministros del año. En otras palabras, la norma nació condenada al fracaso.

Hacienda asumió el compromiso de prorrogar el impuesto a las energéticas en 2025 en el marco de las negociaciones para sacar adelante su sufrida reforma fiscal. Selló dos acuerdos en esta dirección: uno con ERC, EH Bildu y BNG, y otro con Podemos. En el caso de los morados, además, se acordó la creación de un grupo de trabajo con el resto de fuerzas para abordar la posibilidad de hacer permanente esta tasa, pero la ausencia inicial de Junts y PNV hizo descarrilar cualquier atisbo de negociación.

Y no solo eso: PP, PNV y Junts consiguieron incluir una disposición en la votación definitiva de la reforma fiscal para derogar el gravamen temporal. En todo caso, el Gobierno decidió aprobar un nuevo gravamen energético en el último Consejo de Ministros para dar cumplimiento a una parte del acuerdo con estos partidos y ganar tiempo para intentar acercar posturas.

Además, con el ánimo de seducir a Junts y PNV, el texto legal recogió dos aspectos importantes. Por un lado, el Gobierno introdujo una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, una característica pactada con los independentistas catalanes. Y, por el otro, se comprometió a convertir el gravamen en impuesto para atraer el voto de los nacionalistas vascos.

Desde entonces, en Hacienda subrayan que “no ha habido avances” porque ni Junts ni PNV están por la labor. En el caso de los catalanes, Carles Puigdemont suspendió el pasado viernes las conversaciones con el PSOE después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez que pide Junts. En cuanto al PNV, el portavoz Aitor Esteban afirmó que el nuevo gravamen temporal “no está acordado con las instituciones vascas” y, por lo tanto, no lo pueden “aceptar en esos términos”.

Esta negativa sirve a EH Bildu para presionar a la formación jeltzale en su particular pulso en el País Vasco. Así, el diputado Oskar Matute instó al PNV a “abandonar las excusas” y su “acercamiento a las derechas españolas”. “Si sucumbe nuevamente a las presiones de Repsol, los perjudicados serán la ciudadanía vasca y los servicios públicos”, esgrimió. Por su parte, desde el partido de Ione Belarra aseguran que seguirán “presionando” para conseguir que el impuesto energético sea “permanente”, como acordó con el Gobierno.

Fuentes cercanas a Montero, aunque señalaban hasta hace unos días que no daban el partido por perdido, reconocían la dificultad de conseguir aunar a ambos bloques en una cuestión de marcado carácter ideológico. Y es que durante las negociaciones sobre la reforma fiscal, PNV y Junts ya accedieron a prorrogar el impuesto a la banca a cambio de no extender el de las energéticas. En cualquier caso, para echar balones fuera, y a diferencia de la estrategia seguida en la negociación de otras medidas impulsadas por los socialistas, Moncloa siempre ha destacado que “no puede comprometer los votos de otras formaciones”.