Un hombre recibe multas de tráfico de 300.000 euros pero no tiene coche: abre una carta y descubre que tiene 400 vehículos a su nombre

La víctima ha sido acusada de exceso de velocidad, aparcamientos ilegales, incautaciones, accidentes e incluso robos

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Los vehículos están vinculados a una empresa de compra y venta de vehículos usados registrada a nombre de la víctima (Adobe Stock)
Los vehículos están vinculados a una empresa de compra y venta de coches usados a nombre de la víctima. (Adobe Stock)

Un caso de fraude mediante suplantación de identidad ha generado controversia en Montpellier, Francia, al darse a conocer que un ciudadano habría recibido multas de tráfico que ascienden a un total de 300.000 euros, a pesar de no poseer vehículo propio.

Todo empezó en el verano de 2018. “Estoy de vacaciones y recibo una llamada de un policía que me dice que varios vehículos matriculados a mi nombre han cometido delitos graves, como un robo” afirmaba la víctima, a pesar de que “en aquella época ni siquiera tenía coche, conducía una scooter”.

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La víctima, un profesor universitario de unos 40 años y residente de Boulogne-Billancourt, recibió también una carta de la prefectura de Lille pidiéndole que presentara facturas de compras y ventas de vehículos a su nombre.

Tras investigar la cuestión, encontró numerosas notificaciones oficiales relacionadas con infracciones de tráfico cometidas por vehículos que, según los registros, le pertenecían. En total, como llegó a descubrir, había alrededor de 400 coches registrados a su nombre, a pesar de que él nunca había autorizado ninguna compra ni registro.

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Una flota de vehículos (Adobe Stock)
Una flota de vehículos. (Adobe Stock)

Según ‘Le Monde’, la responsabilidad es del Estado

En una investigación publicada en Le Monde, se señala la responsabilidad del Estado, poniendo el foco en cómo “si se vio bajo sospechas de la policía, rodeado por las autoridades fiscales (Urssaf) y obligado, de la noche a la mañana, a pagar cientos de miles de euros en multas de tráfico, es debido a los fallos y agujeros del sistema de matriculación de vehículos (SIV), un registro público cuya semiprivatización ha abierto el camino a un fraude masivo”.

Las investigaciones han revelado que los vehículos estaban vinculados a una empresa de compra y venta de automóviles usados que registraba diariamente decenas de ellos a nombre de la víctima. Según la información publicada en Le Monde, dicha empresa habría sido creada en la primavera de 2018 en Roubaix, a varios cientos de kilómetros de distancia del hogar de la víctima.

Exceso de velocidad, aparcamientos ilegales, incautaciones, accidentes, e incluso la participación en robos en Bélgica: cada vez que se cometía una infracción a bordo de alguno de los vehículos vendidos, el cobro se le exigía al profesor. “En dos ocasiones, las autoridades fiscales me confiscaron directamente mi salario y me dejaron 500 euros para sobrevivir”, declaró al diario Ile-de-France. “Puedo decirle que es estresante cuando ya no puede usar su tarjeta bancaria. Afortunadamente, mi banco me dio un poco de tiempo para resolver la situación”

La víctima cree que los culpables encontraron la información de sus documentos de identidad en la basura de alguna agencia inmobiliaria de las varias a las que había enviado solicitudes para encontrar un apartamento.

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Sin embargo, según ha subrayado Le Monde, esa información sobre su identidad no es suficiente como para realizar el registro de una empresa y los cientos de vehículos: “La matriculación de centenares de vehículos no habría sido posible sin la complicidad de los ‘siveurs’, estas personas a quienes el Estado autoriza a realizar operaciones de matriculación en el SIV, con controles muy limitados por parte de la administración”. Por tanto, denuncian, los controles de registro en el SIV habrían sido insuficientes para detectar la estafa en curso.

Finalmente, el profesor obtuvo 3.000 euros de indemnización tras recurrir ante los tribunales. Se le reconoció suplantación de identidad y ya no tendrá que pagar estas multas. Pese a todo, considera que la indemnización es insuficiente, ya que no llega a cubrir siquiera los costes judiciales.

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