Tres asociaciones y partidos políticos de diferente ideología han denunciado la “insólita” decisión del juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo de “expulsarles” al unificar a las acusaciones populares en el PP, lo que consideran un “atentado grave” contra el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la justicia.
El autodenominado “antipartido” político Iustitia Europa y las asociaciones Hazte Oír, de corte liberal y católico, y ADADE, de ideología progresista, han celebrado este jueves una rueda de prensa para anunciar los recursos de reforma y apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como una queja formal ante el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Fue la pasada semana cuando el magistrado instructor Leopoldo Puente acordó de oficio la unificación de las siete acusaciones populares personadas en favor del PP por ser la primera que se personó en el procedimiento. Basó su resolución en querer evitar “dilaciones indebidas” en la instrucción y en el “interés común” de las acusaciones pese a sus diferencias ideológicas.
El juez, en base a la unificación, prohibió al resto de acusaciones el acceso al Tribunal Supremo para presenciar las declaraciones de José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García, además de comunicarles que tampoco recibirán las notificaciones de las actuaciones, sino que se canalizarán a través del PP. Los perjudicados aseguran que “no hay precedentes” en causas pasadas y advierten de una posible causa de nulidad que tumbe el procedimiento.
El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha calificado la resolución del juez del Supremo como un “atentado grave” al derecho constitucional de ejercer la acción popular por parte de la “sociedad civil” ante una Fiscalía “politizada”.
Una “extralimitación” del juez
Por su parte, el presidente y abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha subrayado que su partido llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para defender que tenemos que estar en Sala” durante las declaraciones de testigos e investigados de la trama Koldo. Pardo ve una “extralimitación” en la actuación del juez al “expulsarles” del Supremo y no notificarles los escritos de la causa porque es competencia de la secretaria judicial.
En la misma línea ha intervenido el abogado de ADADE Francisco Montiel, quien ha denunciado la “moda” de unificar a las acusaciones populares en las macrocausas de corrupción, una tendencia que “ha ido progresando hacia la expulsión”. Esto, a su juicio, atenta contra el artículo 125 de la Constitución, que vela por el derecho del ciudadano a participar activamente en la justicia.
La unificación de las acusaciones en la primera que se personó, como ha ocurrido en el caso Koldo, cree que “fomenta” un “oportunismo jurídico”, ya que en lo sucesivo cuando se publique en la prensa un asunto de relevancia mediática, distintas asociaciones, sindicatos y partidos políticos querrán personarse en primer lugar para, en un futuro, representar al resto de las acusaciones.
El representante de ADADE ha destacado que su asociación, integrada por letrados, no saca “ventaja jurídica ni económica”, sino que se persona en este tipo de causas -ya estuvieron en el caso Gürtel- por “vocación de servicio”.
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