El Gobierno negocia con Junts poner a los Mossos donde todavía “no tienen presencia” para facilitar el reparto de menores migrantes

El Gobierno negocia con Junts una suerte de intercambio de cromos. El Ejecutivo se abre a ceder ante una de las peticiones del partido independentista sobre las competencias en materia de migración para facilitar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, bloqueada por la negativa del PP a pactar con el Gobierno. Esta última cuestión, que trata de abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre comunidades, lleva pendiente desde el mes de julio, pero ahora el Ejecutivo ve una salida aprovechando la coyuntura.

Los de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont perfilan un pacto en torno a la cesión de las competencias en materia de migración a Cataluña, una comunidad gobernada ahora por el socialista Salvador Illa. Precisamente, el dirigente del PSC ya adelantó que el traspaso está al caer. “Yo le podría responder que la Generalitat no tiene todavía, porque parece que las va a tener pronto, competencias en inmigración. No sé si conocía esta noticia. Yo me alegro (de tenerlas). Pero no escondo la cabeza bajo el ala”, afirmó el president en el Parlament catalán en su respuesta a la pregunta del portavoz autonómico de Vox, Ignacio Garriga.

Aunque las negociaciones se llevan con la máxima discreción y bajo cerrojo informativo habitual que acompaña las conversaciones, fuentes gubernamentales conocedoras de las mismas confirman que el Gobierno se abre a que la policía autonómica catalana tenga presencia en lugares donde hasta ahora no tienen. Estas voces deslizan la posibilidad de que los Mossos compartan espacio con la Policía Nacional y la Guardia Civil en puertos y aeropuertos.

En todo caso, dichas fuentes recalcan que la posición del Gobierno “no ha cambiado” en lo relativo al control de las fronteras, una competencia exclusiva del Estado. Asimismo, recuerdan que este asunto ya se abordó en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, de la que se cumplió un año el pasado mes de noviembre.

Si bien, la cuestión sobre la cesión de competencias en materia de inmigración cobró especial relevancia el pasado mes de enero, en el marco de una negociación in extremis entre el Gobierno y Junts para salvar los decretos sobre las medidas anticrisis y las reformas para la recepción de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. El partido independentista permitió su convalidación tras pactar con los socialistas la “delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña”.

Desde ese momento a esta parte, poco o nada ha trascendido sobre las negociaciones. Si bien, cuando ambas partes confían en que el acuerdo llegue antes de que termine 2025, otras fuentes del Gobierno subrayan que un eventual pacto en esta materia ayudaría a facilitar el apoyo de Junts a la reforma de la ley de extranjería. Hasta ahora, el partido independentista no había sido una opción para el Gobierno, ya que fue el primero en desmarcarse del reparto de menores migrantes llegados a las costas de Canarias.

De hecho, cuando el PSOE sometió a votación esta modificación legal en el Congreso, Junts votó en contra porque no se exime a Cataluña de la obligación de acoger a estos menores. También el PP la rechazó, pero el Gobierno había fiado este asunto a un pacto con los de Alberto Núñez Feijóo, ya que tienen el control de 11 comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla, y comparten el Gobierno autonómico canario con Coalición Canaria.

Meses después, los populares siguen sin dar pasos en la dirección del acuerdo, por lo que el Gobierno ve una oportunidad en la negociación sobre la cesión de las competencias migratorias a Cataluña para tratar de desencallar el reparto de los menores migrantes.