Sumar y Podemos tumban el anuncio estrella de Sánchez de crear una empresa pública de vivienda: ”No sirve para bajar los precios”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo en el Congreso Federal del PSOE la creación de una “gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración general del Estado”. Si bien, esta medida, sobre la que Moncloa no da ha dado ninguna pista, parte sin el consenso previo en el espectro de la izquierda, fundamental para que viera luz verde.

Sumar, socio minoritario del PSOE en el Gobierno, y Podemos, uno de los aliados de Sánchez en el Congreso, han desdeñado la propuesta, que se suma a la promesa de habilitar 184.000 viviendas de alquiler asequible, realizada por el propio secretario general del PSOE en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Estas formaciones no rechazan la idea de que un organismo público gestione el mercado de la vivienda, pero sí que esta sea la medida más inmediata a adoptar, teniendo en cuenta la actual crisis habitacional, y ponen en cuestión su eficacia.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha valorado este lunes la importancia de que España “se dote de una empresa pública de vivienda”, pero ha señalado que “es más importante” que se cumpla con el mandato constitucional. Para Sumar, la noticia es “bienvenida”, ya que es una forma de gestionar esta materia desde lo público, aunque la critican: “La agencia está bien, pero no sirve para bajar el precio de la vivienda de nuestro país”, ha declarado Díaz.

Según la líder de Sumar, “la Constitución española dice que no se puede especular con la vivienda y, por tanto, la tarea inmediata de nuestro Gobierno ha de ser algo clave: cumplir con la ley de vivienda y hacer que 11 comunidades autónomas del PP, que son rebeldes, bajen los precios”, ha aseverado.

Yolanda Díaz ha insistido en la idea de retirar los fondos públicos que perciben las autonomías del PP por negarse a aplicar la ley de vivienda. Lo cierto es que solo Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, ha adoptado esta decisión, ya que Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, lideradas por el PSOE, tampoco han puesto en marcha esta norma.

En unas declaraciones desde Bruselas, la ministra de Trabajo ha sido tajante: “Ninguna empresa pública va a bajar el precio, que es lo urgente. Tenemos que actuar de manera inmediata con la regulación de los precios de temporada y de alquiler”, ha subrayado para lamentar que el PSOE votara en contra de subir el IVA al 21% a los pisos turísticos. Otra de las recetas apostadas por Díaz es impedir la compraventa de vivienda destinada a la especulación y respetando el mandato constitucional.

Una medida “electoralista”

Por otro lado, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también se ha mostrado favorable a la creación de una empresa pública, pero ha dejado claro que esta “debería servir para incorporar masivamente el parque público de viviendas ya existentes, las que están en manos de la Sareb, en manos de especuladores, fondos de inversión y grandes propietarios”, ha señalado este lunes.

Para Podemos, lo ideal es “expropiar” el uso de las viviendas de los fondos de inversión y los grandes tenedores. “La clave no es construir nueva vivienda, sino incorporar viviendas que ya existen”, ha declarado para valorar que el anuncio de Sánchez es “electoralista”, pero “no eficaz”. En todo caso, Podemos duda de que el PSOE lo lleve a la práctica.

Y es que, “lamentablemente”, de las “pocas medidas” que el Gobierno ha llevado a cabo en la “legislatura de la vivienda”, han sido destinadas a “favorecer los intereses de la banca”, como el aval de la hipoteca para jóvenes, o para “beneficiar” a los rentistas, como es el caso del bono joven del alquiler.

Asimismo, ha recordado las propuestas de Podemos en esta materia, que además son sus líneas rojas para aprobar unos nuevos Presupuestos: “Si el Gobierno tiene interés de atajar el problema de la vivienda, tiene que intervenir el mercado, bajar por ley un 40% el precio de los alquileres y prohibir la compra de la vivienda que no sea para vivir”.