Un propietario de 12 pisos turísticos justifica que los caseros suban los precios: “Las nuevas leyes favorecen a los inquilinos”

El mercado inmobiliario en España ha sido objeto de una creciente polémica en los años, conduciendo a la multitudinaria manifestación el pasado domingo a raíz de los precios disparados que abundan en el mercado de los alquileres. Sin embargo, parece ser que no solo protestan los inquilinos; Jon Gotia de la Torre, propietario de 12 pisos turísticos, es uno de los que considera que las recientes leyes han favorecido a los inquilinos y perjudicado a los caseros, lo que, a su juicio, ha desencadenado un incremento en los alquileres. Durante su intervención en el programa La Roca, de La Sexta, Gotia señaló que “los precios han subido tanto porque la seguridad jurídica para los caseros es cada vez peor”, refiriéndose a las dificultades para desahuciar a inquilinos morosos y la obligación de asumir seguros de impago.

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Este escenario, sostiene, ha llevado a que los propietarios aumenten los precios y las exigencias para garantizar sus rentas. Gotia explicó que uno de los mayores problemas para los propietarios es la pérdida de garantías jurídicas. Según él, la “dificultad para desalojar a inquilinos que dejan de pagar” ha generado incertidumbre entre los propietarios, que prefieren subir los precios o destinar sus propiedades al alquiler turístico, donde el riesgo de impagos es menor. Esto lo refleja el propio Gotia, quien ha salido del mercado residencial y optado por el turístico, justificando que en este segmento “no existen los mismos riesgos”.

Las leyes y el impacto en los precios

Las últimas reformas en materia de vivienda han tratado de equilibrar las relaciones entre inquilinos y propietarios, imponiendo limitaciones a la subida de precios de los alquileres y otorgando más protección a los inquilinos vulnerables. Sin embargo, Gotia cree que estas políticas, en lugar de estabilizar el mercado, han “desequilibrado el tablero de juego”, incentivando a los propietarios a subir los precios o a retirar sus viviendas del mercado de alquiler residencial.

El Real Decreto-ley 7/2019, que introdujo medidas como la limitación del incremento anual de las rentas y la obligatoriedad de prorrogar contratos de alquiler, ha sido percibido por algunos propietarios como un ataque a su capacidad de decisión y a su rentabilidad. Por otro lado, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que intende reforzar las ayudas a los inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda, es otro factor que ha contribuido, según Gotia, a la escalada de precios en el mercado.

El auge de los pisos turísticos

Otra de las cuestiones controvertidas que Gotia abordó fue el impacto de las viviendas turísticas en el mercado de alquiler. Aunque algunos críticos señalan que la proliferación de estas viviendas ha disminuido la oferta de alquiler residencial, Gotia niega que formen parte del problema. Según él, las plataformas de alquiler vacacional simplemente visibilizan más la oferta al mantener los anuncios activos de manera continua, incluso cuando las viviendas están ocupadas temporalmente.

Sin embargo, los datos sugieren que la expansión del alquiler turístico ha sido uno de los factores que ha reducido la disponibilidad de alquiler residencial en muchas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, donde las viviendas turísticas a menudo superan en número a las convencionales. A pesar de la defensa de Gotia, numerosos estudios vinculan este fenómeno con el encarecimiento del mercado de alquiler en zonas urbanas.

El contexto del mercado inmobiliario en España

El mercado inmobiliario en España ha experimentado fuertes subidas de precios en los últimos años, impulsadas tanto por la alta demanda como por la escasa oferta de vivienda disponible, especialmente en las grandes ciudades. Según un informe reciente de Fotocasa, los precios de los alquileres aumentaron un 9,5% interanual en 2024, alcanzando niveles que no se veían desde antes de la crisis de 2008. La tensión entre inquilinos y propietarios sigue siendo una de las principales problemáticas del sector, con ambos lados reclamando más garantías y una mayor regulación. Mientras tanto, las autoridades intentan equilibrar las políticas para evitar tanto la especulación como la precarización del acceso a la vivienda.